Revista Jurídica Cajamarca

 
 

 

La exclusión social y la pobreza: El caso peruano en la década de Fujimori

Christian Fernando Tantaleán Odar (*)

 


...ANTERIOR (I PARTE)

II PARTE

 

SUMARIO

I PARTE

     Introducción. Exclusión Social. 1. Exclusión Social en diferentes modelos de Sociedad. 2. Definiciones prácticas de Exclusión Social. 3. El Derecho y la Exclusión Social. 4. Tipos de Exclusión social. 5. La Integración Social como medida de Solución a la Exclusión Social.  Fuentes de Consulta.

 

II PARTE

     La Pobreza y la Exclusión Social. 1. La Pobreza: Algunas Evidencias en los estudios de casos. 2. Caso específico de Exclusión Social: La Pobreza Peruana.   Conclusiones.  Fuentes de Consulta.

 

LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

 

A un extremo, la exclusión social puede verse como un elemento dentro de una restringida definición de la pobreza en términos del estándar de vida mínimo por debajo del cual uno es absolutamente pobre. Esto podría implementarse, por ejemplo, teniendo una línea de pobreza basada en el consumo que no sólo incluiría alimentos y otras necesidades materiales básicas, sino también una cantidad que refleje el costo de participar en la vida diaria de la sociedad. Al otro extremo, la exclusión social puede verse como un reemplazo de la propiedad. Entre estas dos posibilidades, es posible ver la exclusión social como una particular noción amplia de la pobreza.

El trabajo dentro del proyecto IILS/PNUD, ya tratado en el primer capítulo, dio un apoyo a este último punto de vista en la medida de que permite que el trabajo sobre la exclusión social se construya sobre la base de un análisis tradicional de la pobreza, al que también amplía. Con esta perspectiva, se puede pensar en la exclusión social como un concepto multidimensional de la pobreza que, en particular, introduce aspectos de participación social y realización de derechos dentro de su conceptualización. La pobreza material puede verse como una forma particular de exclusión social.

Lo que podría ser mas importante respecto a la exclusión social como concepto, a nivel individual, es que se refiere a procesos de empobrecimiento. El concentrarse en los procesos mas que en los pobres permite el análisis causal. Dirige la atención tanto a la variedad de maneras en las que la gente se vuelve pobre como a la variedad de maneras en que se puede salir de la pobreza. Particularmente señala los vínculos entre la pobreza y el empleo, y las maneras en que ciertos tipos particulares de derechos ciudadanos permiten la participación social y ocupacional.

Se podría también sugerir que los "modelos de exclusión" ofrecen una amplia clase de explicaciones para la desigualdad de ingresos. La exclusión social se vincula al proceso de adquisición de ingresos, ya que ésto involucra el acceso a activos de varias clases (incluyendo factores convencionales de producción y de capital social) y a las corrientes de ingresos que pueden derivarse de éstos.

Un problema crítico es cuan importante es la exclusión social para la relación crecimiento-pobreza y si esto afecta a la tasa de crecimiento misma. Un análisis de este punto merece mayor atención y podría aclarar como es que la pobreza se ve afectada por el proceso de globalización de las relaciones económicas, notablemente mediante la fragmentación de los mercados laborales y de créditos -- y otras instituciones a nivel nacional -- inducida por este proceso.

1.         LA POBREZA: ALGUNAS EVIDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE CASOS.

Las diferentes concepciones de la exclusión social en los estudios llevan a diferentes análisis de las relaciones entre la pobreza material y la exclusión social. En los estudios en Rusia y Tanzania la privación material en el consumo y en las posesiones es un aspecto de la exclusión social. En estos estudios, la exclusión social incluye privaciones sociales de diversos tipos y pueden verse como un concepto multidimensional de la pobreza que, en el estudio anterior, incluye el sentido de autoestima de los individuos y de los grupos. En contraste, en el estudio de Tailandia la exclusión social se considera explícitamente como algo diferente a la pobreza. El estudio postula que es posible tener una disminución de la incidencia de la pobreza en una población y, al mismo tiempo, repetidas instancias de exclusión social.

Otros estudios identifican diferentes relaciones entre la pobreza material y la exclusión social. Los estudios en la India y en el Perú consideran diferentemente la dirección principal de la causalidad. En el estudio de la India se identifica la pobreza como una causa importante de la exclusión social debido a que el poder de compra actúa como una barrera para alcanzar derechos a las prestaciones sociales. También muestra que es posible ser incorporado a la sociedad -- en un sistema de castas -- pero en una posición perpetuamente subordinada y materialmente desventajosa. Mas que de la exclusión, la pobreza resulta de unos términos de inclusión injustos y disparejos. En el estudio del Perú, en contraste, la exclusión social se analiza como una causa de la pobreza. La sociedad está estratificada y tiene un gran grupo medio, definido como una "magma social", en el que hay mucha movilidad hacia arriba y hacia abajo, pero no a las exclusivas redes de la clase alta que están en la cumbre o al núcleo de los excluidos que están al pie. Aquellos que están al pie de esta "pirámide" son los mas pobres de la sociedad. Su situación refleja el hecho de que, para ellos, las exclusiones económicas, políticas y culturales están reforzando mas que contrarrestando procesos. Finalmente, en el estudio de Yemén se sugiere que existen relaciones interdependientes entre la pobreza y la exclusión social.

2.         CASO ESPECÍFICO DE EXCLUSIÓN SOCIAL: “LA POBREZA PERUANA”

La situación de pobreza agudizada en el Perú, dada fundamentalmente por las recesiones cíclicas de la economía. Alimenta una cultura de maltrato en la familia peruana que la legislación aún no puede modificar. El principal problema del sistema peruano es el de los pobres.

La histórica lucha de los peruanos por el bienestar y el progreso, se ha transformado en la lucha por la supervivencia de un mercado salvaje. La pobreza estructural fue la más amplia y profunda del siglo XX y fue agravada por los programas de ajuste promovidos por el Banco Mundial.

Es necesaria, más que programas de apoyo social a los más pobres, una política social integral con metas de corto y mediano plazo, al servicio de cuyo cumplimiento se debe orientar el presupuesto público, articulando política económica con política social.

Durante la década pasada, se hicieron esfuerzos importantes por aumentar la cobertura de los servicios básicos. En las ciudades, este esfuerzo ha sido realizado en algunos casos por el Estado. El problema fundamental es el de la sostenibilidad de estos servicios. La introducción de mecanismos de mercado en educación y de salud sin una regulación adecuada, en ámbitos en los cuales existen severos problemas de información y falta de acceso de amplios sectores sociales por distancias geográficas y deficiencias de ingresos, no son suficientes y pueden representar un retroceso antes que un avance hacia los objetivos de lograr una cobertura universal de estos servicios básicos.

La actuación directa del Estado peruano, que ha seguido siendo preponderante en salud y educación, ha logrado un aumento de la cobertura en salud y educación, pero no ha logrado mejorar sustancialmente la calidad de los servicios.

Lo mencionado son situaciones lamentables que han llevado al Perú a ser un país hipócrita, que muestra en sus estadísticas cosas que en la realidad y en los hechos no se dan, arrastrándonos hacia una pobreza que no hace más que garantizar un tipo de exclusión social, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional.

Dentro de este capítulo tomaremos como modelo de integración el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2.1.      LA DÉCADA DE 1991 – 2000.

2.1.1. Exclusión Social, Pobreza y el Derecho a Vivir Adecuadamente:

El artículo 50 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de las leyes, convenciones, reglamentos o costumbres...”

Sin embargo, durante la década del 90 el Congreso de la República expidió una serie de leyes que desconocen o recortan los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, incumpliendo de esa manera su obligación de respetarlos y protegerlos.

Pero aún, el Estado peruano ignoró las reiteradas invocaciones de organismos nacionales e internacionales dirigidos a procurar la armonización de su legislación interna con las normas de derecho internacional que voluntariamente se comprometió a respetar, como es el caso de los llamados de la Organización  Internacional del Trabajo –OIT-, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención para la Eliminación de todas Formas de Discriminación Contra la Mujer.[1]

El artículo 11º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala también lo siguiente: “El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”

 

En la década pasada, los estimados indican que la pobreza por ingresos se redujo de cerca de 57% a un 54%, una disminución realmente muy pequeña. El nivel actual de pobreza es aún más profundo al que prevalecía en 1985, cuando se estimaba en 38%, a pesar de que el PBI per cápita actual sea similar al de 1985. En otras palabras, en diez años no se ha podido recuperar lo que se perdió con la crisis y la hiperinflación de 1988-90. Sigue habiendo cerca de 14 millones de peruanos pobres. Este desempeño es decepcionante, si lo comparamos con Chile, que en un lapso similar redujo la pobreza de 39% a 22%.

En las zonas rurales, más de dos terceras partes de la población son pobres y cerca de la mitad vive en pobreza extrema, con ingresos menores a US $ 1 diario per cápita. La pobreza se concentra, además, entre las mujeres y las personas con poca educación.

La pobreza no es producto de deficiencias psíquicas o mortales de las personas sino de procesos históricos, económicos y políticos que han incidido sobre la creación, multiplicación y distribución de la riqueza socialmente creada, así como en su concentración en manos de unos pocos. Sobre ella inciden el deterioro de los términos de intercambio del comercio exterior, la carga del servicio de la deuda externa, la descapitalización, la corrupción de los gobernantes y la mala gestión del gasto y la inversión pública. La política del régimen fujimorista pudo mostrar algunos éxitos al comienzo de su gestión, cuando redujo la inflación y obtuvo un crecimiento significativo del PBI a mediados de la década. Sin embargo, en la segunda mitad de los años 90, el crecimiento se detuvo y la economía entró en franca recesión. Durante un 25%, inferior a la de los años 50 (34%) y 60 (27%).

La pobreza y la pobreza extrema se concentran en la sierra y la selva rurales. “La calidad de vida de la población rural está por debajo de los estándares mínimos exigibles y adecuados a la dignidad humana, por lo que constituyen una violación a los derechos económicos, sociales y culturales de la que el Estado es el principal responsable”.[2]

Los datos que arrojan la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) de 1997 muestran una concentración estructural de la pobreza y la pobreza extrema en las zonas de sierra y selva rural. Según el Instituto de la pobreza se mantuvo entre el 68.3% y el 68.1% de los hogares de la primera área geográfica, y habría bajado de 69.7% a 64.9% en la selva rural durante el periodo 1994-1997. Sin embargo, la pobreza en la costa urbana habría aumentado del 48.9% al 58.3% de los hogares. En el país el número de hogares que en 1997 vivían en extrema pobreza era de 14.7%, pero esta cifra subía al 23.6% en el campo costeño; al 32.6% en la sierra rural y al 36.4% en la selva rural. El porcentaje de hogares en pobreza aumentó de 50.7% a 54.1% entre 1997 y el año 2000; es decir, de aquellos que no logran generar ingresos que cubran una canasta básica familiar equivalente a US $ 300, aproximadamente.

Se debe tomar en cuenta que por debajo de las ondas estadísticas, el hecho macizo es que, mientras el número de pobres extremos bajó en números absolutos desde 5.88 millones de peruanos en 1991 a 3.78 millones en el año 2000; los pobres no extremos aumentaron en números absolutos desde los 6.72 millones a 10.03 en el mismo periodo.

Más allá de sus aspectos económicos, y del dato fáctico que incluye a más de la mitad de la población total del Perú en esta condición (13.81 millones en el año 2000), la pobreza supone dimensiones culturales, psicológicas y políticas que no pueden ser salvadas con un gasto.social compensatorio del ajuste.

A manera de solucionar y luchar contra este problema, se han tenido que diseñar programas de emergencia, pudiendo mencionar algunos como el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), creado en septiembre de 1991 que gastó hasta fin de año la ínfima cifra de US $ 11 millones. En los años siguientes el llamado gasto  social fue de US $ 85, 154 y 404 millones, sucesivamente, correspondiéndole a FONCODES y al Programa de Vaso de leche las mayores proporciones. La asistencia alimentaria ha creado dependencia en el 70% de los hogares pobres de las áreas rurales, a cuyas familias se ha manipulado políticamente. Es así como, en esta relación desigual, se crean las bases de una dependencia de las familias respecto de los funcionarios públicos, que con frecuencia las manipulan políticamente.

Así mismo, el programa social del Gobierno  desarrolló líneas básicas tales como asistencia alimentaria, saneamiento básico, salud básica (centrada en la lucha contra la mortalidad materno-infantil) y planificación familiar. La asistencia alimentaria se hace a través del Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA) a los Clubes de Madres y similares, y a las municipalidades como complemento al Programa de Vaso de Leche; así como la distribución de desayunos escolares efectuado por el Fondo de Compensación Social (FONCODES) a través de las asociaciones de padres de familia. Por su parte, el Programa de Alimentación  y Nutrición para Familias en Alto Riesgo (PANFAR) se dirige a madres y menores de 5 años con desnutrición aguda y atendió a 107 000 familias en el año 2000.[3]

a.         La Alimentación: La principal consecuencia del deterioro de la calidad de la alimentación es la extensión de problemas de salud pública tales como la anemia, la desnutrición crónica, la deficiencia de vitamina A, entre otros, lo que a su vez agranda el círculo vicioso desnutrición-infecciones, repercutiendo en un problema de proyecciones al largo plazo: la disminución en la capacidad de aprendizaje.

b.         Las Viviendas: Son inadecuadas. Los últimos datos censales mostraban un déficit nacional de viviendas. Muchas carecen de servicios higiénicos, de agua potable, desagüe y alumbrado eléctrico y con otros problemas como el material del cual están hechos.

2.1.2. Exclusión Social, Pobreza y Trabajo:

El artículo 6º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala: “El derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”.

Como en ningún periodo en el pasado los trabajadores y sus familias han trabajado tan intensamente como en el gobierno de Alberto Fujimori y, sin embargo, han tenido menos posibilidades de salir de la pobreza.

En la década pasada el empleo no mostró ninguna mejora. Creció el subempleo por ingresos y el empleo de mala calidad y siguieron deprimidas las remuneraciones de los trabajadores. Los condicionamientos de la globalización económica y la política de ajuste llevaron a quiebras y reducciones en el sector manufacturero, lo que expandió la informalidad en un sector terciario improductivo e hizo descender los índices generales de la productividad.

En estos diez años, la legislación laboral colocó a los trabajadores hombres y mujeres en una situación de extrema inferioridad ante el despido y los abusos en las relaciones laborales. La reforma laboral impuesta por el fujimorismo ha sido la más drástica de América Latina y ha desmontado los avances en la legislación de los derechos de los trabajadores.

Respecto a los índices de empleo correspondientes a empresas de cien a más trabajadores, en el sector moderno de la economía, los niveles de empleo alcanzados en diciembre de 1999 seguían siendo inferiores al nivel logrado por los mismos indicadores de 1990.

El Ministerio de Trabajo informó que, respecto a octubre de 1997, para 1999 el índice de empleo había disminuido en 7.4%. En el caso del empleo en la industria, tomando como base el mes de enero de 1995, a octubre de 1999 había disminuido en 8.6% (Informe estadístico Mensual. Año 4 N0 41. Octubre 1999). Más del 80% de los puestos creados entre 1990 y 1996 pertenecen al sector “informal” de la economía según la OIT, es decir, que se trata de empleo de mala calidad.

En cuanto a la relación entre privatización y generación de empleo, según un estudio del Banco Central de Reserva durante un periodo de 15 años, entre 1992 y el año 2007 se generarían, en el mejor de los casos y sin considerar la calidad de éstos, 562000 nuevos puestos de trabajo. A ellos habría que descontar el despido de, aproximadamente, 77 000 trabajadores en las empresas públicas privatizadas, lo que significaría un aumento neto de 493 000 nuevos puestos de trabajo en una contribución del 12% de los puestos necesarios para cubrir la demanda, de acuerdo al crecimiento poblacional. [4]

Aunque no existen leyes de discriminación social por razón de color de la piel, las profundas reformas económicas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que el gobierno ha aplicado diligentemente, han determinado que en la actualidad en el Perú exista una exclusión o discriminación económica, es decir, por razón de bajos ingresos, que llega a la exclusión de los beneficios de la modernización económica, además de la soterrada discriminación racial en contra de los miembros de los pueblos indígenas y de los descendientes de los esclavos negros.

La ley 26772, promulgada en abril de 1997, dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no deben tener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Prevee que los individuos o las personas jurídicas que incurran en discriminación serán sancionados por el Ministerio de trabajo, “sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar”. Sin embargo, es frecuente ver avisos en diarios solicitando egresados de determinadas universidades privadas para determinados puestos.

En el Perú, continúan vigentes variadas formas de discriminación en contra de la mujer, pese a los avances que ha habido en la legislación en las últimas dos décadas[5].

Aunque la Convención sobre la eliminación de toda Forma de Discriminación contra de la Mujer forma parte del ordenamiento jurídico del Perú desde 1982, se carece aún de legislación que contemple medidas de discriminación positiva y/o acciones de carácter afirmativo

El Gobierno derogó la Ley 2851, una antigua norma que establecía ciertos derechos para la mujer trabajadora como el asiento, la jornada femenina de trabajo, el descanso de dos horas continuas al medio día y el descanso sustitutivo de los días lunes a cuenta del sábado por la tarde. La nueva ley, que lleva el número 26513, no tomó en cuenta que los derechos reconocidos a las mujeres en razón de su maternidad por responder a un hecho biológico y no a consideraciones culturales, debían merecer un tratamiento distinto. La desregulación afectó gravemente derechos de las mujeres relacionados con el embrazo, el parto y la lactancia.

Se generó así un vacío legal que agravó las condiciones en que las mujeres acceden al empleo en nuestro país.

En este mismo sentido, fueron eliminados el derecho a la bonificación especial por 25 años de servicios para las trabajadoras con contrato de trabajo vigente al 5 de diciembre de 1991, y el tratamiento diferencial en materia de jubilación que regía hasta entonces. Así, si las mujeres tenían derecho a la jubilación voluntaria a partir de los 55 años de edad (o antes en algunos casos), y obligatoria a los 60 años (Decreto Legislativo 728)- a diferencia de los hombres en los que las edades eran 60 y 65 años, respectivamente-, este derecho quedó derogado.

En la actualidad, luego de las reformas económicas y de la recomposición del mercado laboral, para acceder a un empleo las mujeres deben de ser jóvenes, calificadas, solteras o sin hijos y con disposición para laborar más de ocho horas diarias. Sin embargo, los empleados eventuales parecen ser la norma en el caso de las mujeres.

En cuanto a la desigualdad remunerativa, según la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de 1997 (ENNIV 97) la trabajadora percibe menos de la mitad de lo que gana el varón (44,6%), siendo la diferencia más marcada en la sierra rural donde la brecha es del 87%, seguida de la selva rural con una diferencia de 68% y la Costa rural con una diferencia de 68, 8% y la Costa rural con 64,8%.[6] [7]

2.1.3. Exclusión Social, Pobreza y Seguridad Social:

El artículo 9º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala también lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso, al seguro social”

Los cambios que ha sufrido el sistema han sido adversos a los intereses de los afiliados. En 1995, la edad de retiro fue elevada a 65 años para ambos sexos (era de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres), cuando las esperanzas de vida al nacer son de 71.2 años para las mujeres y de 66.2 para los varones (Informe sobre el Desarrollo Humano 2000 del PNUD).

Para el pasado gobierno fujimorista el régimen pensionario del DL 20530 (que obliga a pagar al jubilado una pensión equivalente al sueldo actualizado de su plaza) generó una grave restricción a las estrategias de reducción del gasto público y de privatización de las empresas estatales que había acordado con el FMI. De allí que decretó el fin de los reajustes automáticos de las pensiones y por otro lado, desconoció las pensiones otorgadas con base en la acumulación del tiempo de servicios prestados bajo regímenes laborales distintos. Las nuevas de reglas de juego se aplicaron retroactivamente a los casi 50 mil expedientes que en diciembre de 1992 se encontraban en trámite en el IPSS, cancelando abruptamente y por esta vía las posibilidades de gozo de una pensión para decenas de miles de trabajadores que se habían acogido –o fueron forzados- a la jubilación en el marco de los masivos programas de racionalización del Estado y despidos aplicados durante 1991 y 1992.

En cuanto al Régimen de Pensiones y Compensaciones de los Servidores Civiles de Estado, normado por el Decreto Ley 20530 desde 1974 y luego por la Octava Disposición General  y Transitoria de la derogada Constitución de 1979, el Gobierno quebró el principio de nivelación de estas pensiones al dictar el Decreto Legislativo 817 que dispuso un procedimiento de “recalificación de derechos, por el que, a través de la aplicación retroactiva de los nuevos criterios establecidos, se pretendía desconocer la legalidad de una proporción sustancial de las pensiones ya otorgadas en este régimen, cuyo ámbito incluye a 280 mil jubilados y 50 mil trabajadores públicos en actividad. Es decir que involucra –si se asumen cinco miembros por familia de cada trabajador o pensionista sujeto a este régimen- a un millón y medio de personas.

El Decreto Legislativo 817, violó el principio constitucional de jerarquía de las normas, ya que concedía facultades extraordinarias a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para recalificar lo que ya estaba calificado y para declarar la nulidad administrativa de derechos que –como pensiones-  retirarse en mérito de una sentencia judicial, conforme establece el Artículo 1740  de la Constitución al referirse a las pensiones militares. Por eso el Tribunal Constitucional, Mediante Resolución de abril de 1997, declaró inconstitucional el procedimiento de revisión y recalificación retroactiva de derechos pensionarios contenido en este Decreto Legislativo y ordenó la restitución del pago a los afectados. Sin embargo, nueve semanas después, el Congreso de la República aprobó la Ley 26835 que insiste en otorgar poder a la ONP para declarar la nulidad de los actos de incorporación y reconocimiento de derechos establecidos por el Decreto Ley 20530. En base a esta ley, aprobada para revivir lo que el Tribunal Constitucional derogó antes de ser descabezado, decenas de miles de pensionistas del Decreto Ley 20530, sus viudas o huérfanos, son actualmente objeto de procedimientos judiciales sumarísimos dirigidos a negarles la pensión que por derecho les corresponde[8].

2.1.4. Exclusión Social, Pobreza y Salud:   

El artículo 12º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala lo siguiente: “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Puede parecer exagerado citar un verso del poeta mayor del Perú, César Vallejo, a la hora de enjuiciar la política de salud ejecutada por el gobierno del ingeniero Fujimori, pero es que, más allá de mejoras en los índices revisados por la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país, las brechas epidemiológicas entre los diferentes grupos poblacionales se han hecho más evidentes y ha crecido de manera significativa. El principal problema del sistema de salud peruano es el de los pobres. Se trata de la mitad de peruanos para los que enfermarse es un riesgo serio, para los que una bronquitis puede ser cusa de muerte, la tuberculosis difícil de curar y que alumbran a sus hijos sin asistencia calificada.

Comparando al Perú con países semejantes en ingresos, la salud de su población es muy deficiente. El Ministerio de Salud brinda atención a alrededor del 40% de la población, el Seguro Social al 20%, las FFAA y PNP al 3% y el sector privado al 12%. El 25% restante, vale decir seis millones de peruanos pobres, no tiene acceso a la atención institucionalizada. Otros seis millones tienen atención parcial de escasa calidad.

Un claro ejemplo de la insuficiente o nula cobertura de salud de grandes sectores es la falta de acceso a medicamentos de calidad. En los últimos diez años la población peruana se ha visto obligada a utilizar cada vez menos medicamentos, a un precio continuamente creciente. Como resultado, en 1998 la compra de medicinas por persona fue el 39% de lo registrado en 1998. En Estados Unidos el 60 % de las recetas corresponde a medicamentos genéricos, en el Reino Unido el 54% y en Chile supera el 70%. En el Perú, la compra de genéricos en el mercado de medicamentos es de apenas 5%, porque médicos y usuarios desconfían de la calidad de los mismos. Agréguese a todo esto la falta de disponibilidad de medicinas en gran parte del país y su uso no racional.

2.1.4.1.      La Mortalidad Infantil.

Si bien la tasa de mortalidad  infantil (TMI) se ha reducido en un 50% a nivel nacional en los últimos 20 años, este valor oculta la diferencia entre la TMI de la provincia de Grau en Apurímac (102 X 1000) y la de Lima (24 X 1000). En los últimos diez años las brechas de TMI entre provincias se incrementaron sustancialmente (...) La mediana de la edad de fallecimiento en las provincias más pobres es de 41 años y en el estrato V es de 63 años (...) Todavía el 65% de las gestantes con control prenatal no recibe ninguna vacuna antitetánica (...) En el grupo de 6 a 9 años, la desnutrición crónica alcanza al 48% de la población. Así mismo, se estima que la anemia por deficiencia de hierro afecta al 20% de la infancia (...) El 67% de los enfermos pobres no consulta ningún servicio de salud.[9]

La mortalidad infantil se ha reducido en los últimos años, sobre todo por el control  de las diarreas y en menor media de las infecciones respiratorias agudas, pero la mortalidad neonatal ha bajado muy poco. De la misma manera, la desnutrición Crónica  afectada con mayor intensidad a los niños del área rural y, obviamente de condición pobres.

2.1.4.2.      La Economía, la salud y los enfermos.

La explicación de la baja asistencia profesional la encontramos en que una operación cesárea en el Hospital de Andahuaylas, una de las provincias más pobres del Perú, puede costar más de 300 soles, ya que la gestante no sólo debe pagar por la atención médica, la sala de partos y la anestesia, sino, además, comprar los insumos y medicinas requeridas. El 80% de las personas enfermas que no se atienden, afirman que ello se debe a razones económicas.

Muchas de estas razones llevan a que la madre tome otras medidas, como el aborto. A partir de 1995, el gobierno dirigió una política de población basada en la promoción de la planificación familiar que, lejos de significar un reconocimiento de los derechos  sexuales o reproductivos de hombres y mujeres, fijó como objetivo la esterilización femenina (mediante la ligadura de trompas de Falopio o la anticoncepción quirúrgica AQV) en zonas rurales de pobreza extrema y con una alta tasa de fecundidad como en los departamentos de Huancavelica (6.9), Apurímac (5.9), Ayacucho (5.4), Cajamarca (5.1), Amazonas (5.0), Huanuco y Pasco (4.9), Cusco y Loreto (4.8), Ucayali (4.6% y Puno (4.3).(INEI 1996).

Otra situación referida a exclusión, pobreza y salud, está referida a los enfermos, y como ejemplo ponemos a los portadores del VIH, pues mientras que hasta agosto de 1996, según PROCETSS[10], se había reportado 4 598 casos de SIDA, el acumulado de casos había llegado a 11 000 en el año 2000; en tanto que los portadores habrían llegado a 100 mil personas, con tendencia creciente y afectando cada vez más a población joven de ambos sexos, personas excluidas totalmente de la sociedad; en casos, personas que mantienen familias y que lamentablemente se abandonan a la pobreza.[11] [12]

2.1.5. Exclusión Social, Pobreza y Educación:

El artículo 13º del pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala lo siguiente: “El derecho de toda persona a la educación... a la enseñanza obligatoria y gratuita para todos... para participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”

Durante las últimas cuatro décadas, ante un incremento constante de la matrícula escolar, el gasto estatal ha tenido una tendencia decreciente. En los años 90, si bien se han verificado una recuperación del gasto público respecto de la honda crisis en la que cayó durante el gobierno de García, se ha producido un crecimiento muy significativo del aporte de las familias.

Los problemas críticos actuales son cuatro:

-         La alta prevalencia de analfabetismo, principalmente femenino rural.

-         Una baja cobertura de la educación pre-escolar.

-         Una alta tasa de repitencia y deserción que llevan a una baja matrícula secundaria.

-         Una calidad de educación bastante mediocre.

En esta década los esfuerzos del Estado en educación se concentraron en la educación primaria e inicial, en infraestructura, (construcción y rehabilitación de colegios); dotación de material educativo (textos, cuadernos de trabajo y material no impreso); y en capacitación docente. Los problemas se mantienen debido a que la infraestructura mejorada no es el factor principal en la calidad de la educación; ha habido una tardía e insuficiente dotación de textos y materiales educativos a las escuelas que a la vez es poco usada en el proceso de aprendizaje; y la calidad de la docencia es bastante deficiente, a pesar de los programas de capacitación realizados, debido a las bajas remuneraciones en el sector.

Tomando como base a las Encuestas Nacionales de Niveles de Vida realizadas en 1994 y 1997 se puede apreciar que mientras el gasto estatal en educación creció en 7.1%, el gasto de las familias se incremento en 31%. Debido a la escasa contribución del Estado, las familias aportan el 41% de los gastos de la educación pública (principalmente en textos, uniformes, pasajes, refrigerios, etc.). Como porcentaje del PBI, el gasto de las familias peruanas es mayor que el de las de los países desarrollados.

En un mundo cambiante y que ingresa en una nueva fase histórica, el aprendizaje de nociones de matemáticas, de lenguas y ciencias naturales y sociales resulta insuficiente. No basta con que los Estados cumplan con brindar la educación básica, sino que deben asegurar que ella sea de buena calidad como garantía para el desarrollo integral de la persona. Obviamente, con esos niveles pobres de inversión en educación, la calidad de la educación que están recibiendo los niños, adolescentes y jóvenes peruanos es muy baja. Los factores que provocan la baja calidad de la educación se hallan tanto dentro del sistema educativo tales como un magisterio mal pagado y que muchas veces es excluido, autoritario y desmotivado; contenidos desfasados frente a los desafíos de la realidad; carencia de materiales educativos de calidad; metodologías obsoletas. Fuera de él: niños desnutridos o maltratados, padres desmotivados, sociedad y mercado que no dan cabida a los más educados[13].

CONCLUSIONES

1. La palabra EXCLUSIÓN puede identificarse con muchas otras palabras: crueldad, frialdad, indiferencia, odio, maldad y discriminación.

2. La exclusión social no hace más que humillar y son solamente las minorías las discriminadas por ser menores en cantidad.

 

3. Cada vez que se excluye a alguien se hace porque esa persona es diferente. Sin embargo, recordemos que en uno u otro sentido todos somos diferentes en pequeñas aspectos.

4. Existe la Exclusión Social y más aún existe La Pobreza como Exclusión Social, en el mundo y de manera muy especial en el Perú. La década en que gobernó Alberto Fujimori, fue una década en que los peruanos pasaron de ser pobres a más pobres y excluidos.

5. El desempleo, la salud y la educación deficiente, son puntos que derivan de la pobreza. Para combatirlos, hace falta una medida de Integración Social eficiente que debe partir del Estado.

6. Tengamos muy en cuenta los tratados Internacionales y su cumplimiento para una mejora Social y un camino a la Integración.

FUENTES DE CONSULTA

Fuentes Bibilográficas:

-         ASOCIACIÓN  PRO DERECHOS HUMANOS. “Perú Diez Años de Pobreza y Autoritarismo”, CEDAL, 2000.

-         MIROLI, Alfredo."Sida, Drogas. Manual para todos" Diario el Peruano.

-         Enciclopedia "Encarta 98".

-         Constitución Política del Perú, 1993.

-         SA, Diario "La Nación", 15 de julio de 1998, Lima – Perú.

-         SA, Diario "El País", 5 de Enero del 2000, Barcelona - España

-         New York Times News Service, Mayo de 1999, USA .

Páginas Consultadas:

-         http://www.aecpa.es/aecpa/asoc/actividades/3/tem1.htm

-         http://www.estadonacion.or.cr/nacion2/cap1-96b.htm

-         http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inst/papers/synth/socex/ch2.htm

-         http://www.rural-europe.aeiall.be/rural-es/biblio/xclusion/contents.htm

-         http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ainf2.html

 

 

 


 

NOTAS:

 

[1]EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES FORMULÓ LAS SIGUIENTES “OBSERVACIONES    FINALES” AL INFORME QUE FUERA PRESENTADO POR EL GOBIERNO PERUANO EN 1997.

13. El Comité toma con preocupación de que en la Constitución de 1993 no se han incorporado las disposiciones de Pacto, el cual, por consiguiente, no forma parte del derecho interno y, por tanto, no se puede invocar ante los tribunales peruanos. Esta situación es contraria a la que existió en la Constitución de 1979, que incorporaba a las disposiciones del Pacto. El Comité toma nota de la información contenida en el informe del Estado Parte (párrafos 126 y 127) en el sentido de que antes de incorporarse definitivamente  en la Constitución de 1993, un tratado de derechos humanos firmado por el Perú debe ser aprobado por el Congreso, por una mayoría de los tercios, y ser ratificado por el Presidente.

14. El Comité observa, además, que en virtud de la Constitución de 1993, los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentran al mismo nivel que las leyes nacionales y que, según una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia, las disposiciones de esos instrumentos no tienen rango constitucional.

[2] Dante Vera Miller “Pobladores Rurales: ciudadanos de tercera clase” en Informe Anual 1996. Los derechos económicos, sociales y culturales.

Perú: paraíso de la exclusión social. APRODEH Y CEDAL, Lima, agosto 1997.

[3] Las sociedades de todo el mundo se están volviendo más abiertas y pluralistas. El paso a la democracia y el surgimiento de organizaciones no gubernamentales han sido los acontecimientos fundamentales del decenio de 1990. Basarse en los derechos que se refuerzan mutuamente –la libertad de expresión, reunión, participación, alimentación, vivienda, atención de salud y muchos otros- es esencial para facultar a los pobres con el objeto de que logren salir de la pobreza por sí mismos.(Informe sobre Desarrollo Humano 2000, PNUD.

 

[4] Humberto Campodónico “Las Privatizaciones y la generación de empleo” en Actualidad Económica N0  205. Lima, abril – mayo 2000.

[5]“En particular deben asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual” (Artículo 70 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

[6] Rosa Flores “La mujer y la brecha salarial” enWERR, Richard y VENTOCILLA, Moisés Pobreza y Economía Social. Análisis de una encuesta ENNIV 97. Lima, Cuánto-UNICEF-USAID, 1999 P.233.

[7] EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EXPRESA:

Preocupa al Comité que muchos trabajadores no ganan el salario mínimo establecido por la ley. También le preocupa que el salario mínimo es inferior al costo de la canasta familiar básica, según reconoció la delegación peruana. También constituye una gran fuente de preocupación para el Comité el hecho de que a los jóvenes de entre 16 y 25 años se los caracterice de “aprendices” y, por tanto, se los excluya de las disposiciones de la legislación laboral pertinente.

“(Recomienda al Perú a que) mejore las condiciones de trabajo de los empleados domésticos y vele por que estas condiciones estén en consonancia con las obligaciones que se derivan del Pacto”

[8] LAS OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ DE LA NACIONES UNIDAS RESPECTO AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, ADVIERTEN QUE:

Preocupa Al Comité la modificación del plan nacional de pensiones mediante el Decreto Ley 25967 y mediante la nueva legislación sobre el plan privado de pensiones con arreglo al Decreto Ley 25897, los cuales, de acuerdo con diversas fuentes de información incluida la OIT, han perjudicado los derechos de los trabajadores.

El comité también está preocupado por la situación de los casos relacionados con los derechos de pensión que están pendientes desde 1992, los cuales, de acuerdo con los informes recibidos por el Comité, afectan a unos mil pensionistas que no han recibido sus pensiones. En cuanto a los funcionarios públicos afectados por el Decreto 817, los casos pendientes afectan a 280 mil pensionistas y 50 mil trabajadores en activo.

El Comité insta al Perú a que presente lo antes posible toda la información pertinente que no ha llegado a proporcionar durante el examen de este informe. En particular, el Estado Parte debería proporcionar información detallada sobre las medidas y prácticas legislativas y de otra índole adoptadas en relación con los derechos a una vivienda adecuada y el derecho a la seguridad social, en particular respecto al funcionamiento del sistema de pensiones.

 

[9] Lineamientos de Política de Salud 1995-2000. Ministerio de Salud.

[10] Documento normativo “Doctrina, normas y procedimientos para el control de las enfermedades de Transmisión sexual y el SIDA en el Perú”

[11] El Comercio, 28-11-00, primera plana.

[12] LAS “OBSERVACIONES FINALES” DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE NACIONES UNIDAS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD.

En relación con el resto de países de América, según la organización Panamericana de la Salud, en 1997 el Perú tenía la tasa más alta de nuevos casos de tuberculosis (172.6 X 100 mil habitantes), seguido de Haití con 136.8, Bolivia 126.67, Ecuador 79.0, República Dominicana 69.2, y Nicaragua 64.5 X 100 mil.

Preocupa al Comité la falta de servicios sanitarios adecuados y la drástica reducción del gasto público en el ámbito de la salud.

El Comité está preocupado por la alta tasa de mortalidad entre los niños y las mujeres a causa de la falta o la deficiencia de los servicios de salud.

[13] OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PERÚ DE LOS ARTÍCULOS 130, 140  Y 150  DEL PACTO.

El comité está particularmente preocupado porque los derechos a la educación de las poblaciones indígenas y negra no se ejercen plenamente. Por ejemplo, observa que cerca del 22% de los habitantes del Perú que hablan quechua, entre ellos un 31% de mujeres mayores 6 años, no reciben instrucción de ningún tipo. La situación se ha agravado recientemente a consecuencia del descenso del gasto público en relación con el PBI.

El Comité toma con preocupación de las altas tasas de analfabetismo, ausentismo escolar y deserción escolar.

 

 

 


 

(*)  Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada “Antonio Guillermo Urrelo” de Cajamarca.

E mail: chrifertanod@hotmail.com

 


 

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