CIRCULO DE ESTUDIOS IUS FILOSÓFICOS CAJAMARCA

SUMARIO: I. Introducción. II. Historia. III. Ejecución –generalidades-IV. Competencia. V. Omisión. VI. Proceso de ejecución. VII. El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. VII. Colofón.

En el presente trabajo me referiré al proceso ejecutivo, el que no fue previsto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCAyT.)[1]. En el mismo orden de ideas, cabe aclarar que tampoco se han regulado otros procesos en el referido código adjetivo local o en alguna ley local, para los cuales resulta competente la Justicia Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires[2], los que no serán tratados aquí por no ser el tema de desarrollo.

Trataré de ser lo más claro posible con respecto a su tratamiento y el por qué de la necesaria regulación de este tipo de procesos. Así, la omisión en el código adjetivo local y explicar en qué se funda la aplicación de este proceso, puesto que si así no lo fuera, en ciertos casos, podría traer aparejado inconvenientes y daños más complejos, por la lentitud y amplitud del estudio de la prueba en un proceso ordinario, como –parece ser- el legislador ha querido con la sanción del CCAyT. sin la referida regulación.

Sustentaré mi pensar en doctrina y jurisprudencia, tanto de otros fueros como del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II. Historia[3]

La fuente principal de esta institución la encontramos en un ordenamiento de justicia de Pedro I de Sevilla, del año 1360, recogida luego en la Pragmática dictada en Sevilla por Enrique III el 20 de mayo de 1396. Establecía un procedimiento especial para los mercaderes judíos, posteriormente empleada por Enrique IV en 1458. Más tarde los Reyes Católicos y los Habsburgo Doña Juana, Carlos I y Felipe II, reunieron y completaron todas las disposiciones dispersas en el título XXVIII, libro II de la Novísima Recopilación, según la cual sólo procedía la ejecución en caso de deudas confesadas y por mandato del juez, que no debía otorgarle sin que el acreedor jurase la cantidad exacta de la deuda. Debía comenzarse por el embargo de los bienes muebles y a falta de éstos, los inmuebles y sólo en último término debía el deudor prestar fianza.

Producida la Revolución de Mayo, las leyes españolas mantuvieron su vigencia, desde luego, con las lógicas modificaciones que el proceso revolucionario trajo aparejado.

La Audiencia se sustituyó por la Cámara de Apelaciones que siguió la línea genérica que España había establecido en América. Obviamente, como expresé más arriba, con algunas modificaciones, dejando en lo sustancial el régimen jurídico adoptado.

Para mejor ilustración de lo que vengo sosteniendo, transcribo lo establecido en el Reglamento Provisorio de 1817: “Subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones generales o particulares del antiguo gobierno español, que no estén en oposición directa o indirecta con la libertad e independencia de estas provincias, ni con este Reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas desde el 25 de mayo de 1810. La Administración de Justicia se regirá por los mismos principios, orden y método que hasta ahora se han observado”.

A partir del año 1820 hasta el gobierno presidido por el general Rosas, se fueron dictando normas que, más allá de que se basaban en la legislación española, iban actualizándose de acuerdo con las necesidades que la consolidación de la Confederación Argentina requería[4].

Con lo hasta aquí expuesto, se puede apreciar los orígenes de esta institución, ya que desde el año 1360, como mencioné antes, pasando por la legislación española y adoptándola el gobierno revolucionario, se ha expandido –con modificaciones de acuerdo a las necesidades de la época- en diferentes normas para su mejor aplicación.

III. Ejecución –generalidades-

Es dable destacar que, para que se configure el proceso ejecutivo, el acreedor tenga a su alcance la posibilidad de hacer cumplir las obligaciones instrumentadas en determinados documentos extrajudiciales (títulos ejecutivos) de una manera rápida, pues, de no ser así, carecería de sentido la existencia misma de aquéllas. Para que esto ocurra, es necesario que se encuentre expedita la vía ejecutiva, otorgando el referido título ejecutivo los elementos necesarios que ésta requiere y también debe ser suficiente. Se trata de un documento constitutivo y probatorio de un derecho reconocido por la ley de fondo[5].

El fin del proceso ejecutivo consiste, fundamentalmente, en modificar una situación jurídica resultante de una sentencia condenatoria como de un documento –en razón de su contenido-, estableciendo una presunción favorable con respecto a la legitimidad del derecho del acreedor.

Por consiguiente, se entiende por proceso de ejecución aquel proceso jurisdiccional con el que se realiza un tipo de tutela, la ejecutiva, hecha necesaria por incumplimiento del derecho de crédito, cuando éste resulte fundado o es altamente verosímil que sea fundado. El proceso de ejecución presupone, en efecto, una declaración de certeza, pero no una declaración jurisdiccional, contenida en un pronunciamiento del juez. La ley admite que esta tutela pueda concederse también en virtud de una declaración de certeza proveniente del mismo deudor o de la administración pública, o cuando el documento revista la forma del acto público. En estos casos, la ley atribuye valor particular al documento, en cuanto tiene un determinado contenido, y según al id quod plerumque accidit admite que aquél que resulta acreedor en virtud del documento mismo pueda dirigirse al juez para obtener la tutela ejecutiva, sin necesidad de proveerse necesariamente de una declaración autoritativa[6].

1. Características distintivas

El juicio ejecutivo se encuentra sometido a un trámite específico, diferente al proceso ordinario, con menor número de actos procesales, mayor celeridad en su desarrollo y conclusión.

Se puede establecer que se trata de un proceso de ejecución por que, por un lado, no se persigue una decisión judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino la satisfacción de un crédito legalmente presumido como existente en razón del contenido del documento que se exhibe. Asimismo, el efecto inmediato de este tipo de procesos, obviamente una vez verificado el título por el juez, consiste en una intimación de pago (acto conminatorio) y en un embargo sobre el patrimonio del deudor, sean bienes inmuebles, muebles registrables o no (acto coactivo).

Para conseguir uno de los medios de la paz jurídica, el Estado tiene interés en que se cumplan todas las obligaciones que los ciudadanos hayan contraído, para que no se produzca el riesgo del rompimiento de las relaciones con el acreedor, y, tal vez, violento, por la sustracción voluntaria del deudor para con el cumplimiento de lo que ha pactado.

Por consiguiente, el Estado es quien debe proveer, necesariamente, por intermedio de la función jurisdiccional, el cumplimiento de las obligaciones, por medio de un sistema legal adecuado. Y si fuere necesario, intervenir los bienes de propiedad del deudor para, así, satisfacer al acreedor, con respecto a las obligaciones entre éstos, ejecutándolos en cuanto fuere menester.

Que, explicado lo hasta aquí expuesto, es procedente mencionar –como mucha jurisprudencia y doctrina lo hace- que para compeler al deudor remiso al cumplimiento de su obligación debió ser el resultado de la necesidad de conferir al acreedor un título ágil y de fácil ejecutabilidad. Pues un sistema procesal, que podría tildarse de demagógico, podría seguir una tendencia a disminuir la severidad y la celeridad del procedimiento ejecutivo, aumentando las defensas del deudor, en forma desmedida, y sustrayendo, también en forma inconsulta, la ejecutabilidad de sus bienes.

Por lo tanto, en el proceso ejecutivo el deudor está imposibilitado de plantear defensas tendientes a desvirtuar o enervar la fuerza del título ejecutivo, logrando este procedimiento que se produzcan actos compulsorios tendientes a un rápido desenvolvimiento del proceso –processus executivus-. Tiene una etapa de conocimiento durante cuyo transcurso el deudor se encuentra facultado para alegar y probar la ineficacia del título (siempre que el juez lo estime pertinente abrirá a prueba la causa, pues aquellas pruebas que considere inadmisibles las rechazará), sólo por medio de defensas determinadas que surjan de hechos contemporáneos o posteriores a la creación de aquél.

El referido CCAyT. comprende trece títulos y cada uno está organizado en capítulos. Para empezar, el artículo primero considera autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires a la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, a los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa y a los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

En consecuencia, vale puntualizar que el referido fuero es competente en todas aquellas causas, más allá de la materia, en que cualquiera de las precitadas autoridades administrativas sea parte. Es que el artículo segundo dispone que “son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”.

De ahí que, cuando la autoridad administrativa sea parte estaremos frente a una causa administrativa, ya sea que la contienda recaiga en el marco del derecho público como del derecho privado. Y expresamente establece que la competencia administrativa y tributaria es de orden público (Conf. Art. 2º del CCAyT., in fine).

V. Omisión

Por lo tanto, la falta de regulación específica respecto al proceso de ejecución hace que se planteen dos posturas, a saber:

Una es que se apliquen supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CPCCN.); y, la otra es acudir analógicamente a las normas del CCAyT., efectuando algunos ajustes hermenéuticos[7].

El Dr. Guillermo F. Treacy nos enseña estas teorías de la siguiente manera: “La aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: Esta tesis tiene a su favor el hecho de que buena parte de los procesos no previstos tienen una regulación precisa en dicho cuerpo de normas adjetivas, de modo que no es necesario adaptar sus normas para regir esa situación procesal.

Los argumentos que se han vertido para sustentar esta posición se basan en el hecho de que el Art. 5º Ley 24588 (LA 1995-C-3169) previó la subsistencia de la legislación nacional y municipal vigente a la fecha de entrada en vigor de la Constitución local, “en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales o locales, según corresponda (...)

(...) La aplicación analógica del Código Contencioso Administrativo y Tributario: La otra posibilidad es entender que, aunque la Constitución local no haya derogado en bloque la normativa procesal nacional, la Ley 189 que aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario ha significado la derogación de aquel cuerpo de normas adjetivas (....)

(...) el Art. 5 de la ley 189 proporciona una base normativa para sostener que el Código Contencioso Administrativo y Tributario ha significado que las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación han dejado de ser aplicables por los tribunales locales en los procesos contencioso-administrativos.

De este modo, ciertas vías procesales (desalojo, ejecución de expensas u otras), que excepcionalmente pueden tener como parte demandada a una autoridad administrativa, deberían ahora tramitarse bajo el único tipo de proceso de conocimiento que regula el Código Contencioso Administrativo y Tributario”[8] (el subrayado me pertenece).

Más allá de la tesis que se utilice, es relevante dejar en claro que una vez dictada la sentencia, la ejecución de ésta se regirá por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y Tributario que contiene un régimen especial regulado cuando la autoridad administrativa es demandada en una contienda judicial.

VI. Proceso de ejecución

En el ya citado CCAyT. encontramos tipificado el proceso de ejecución fiscal (Conf. arts. 451º a 462º del código), sin que exista otro tipo de proceso ejecutivo normado en el referido código.

Pues, toda vez que la administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede ser, en un pleito judicial, tanto parte actora como demandada y, a su vez, dentro de una causa ejecutiva, podemos mencionar dos grupos a distinguir. Por un lado, aquéllos en que la autoridad es parte actora y por el otro, parte demandada.

1. Primer caso

Así, cuando la autoridad es parte actora, podemos mencionar la ejecución hipotecaria y ejecución fiscal (ésta última regulada como ut supra lo mencioné). Esto se tiene en cuenta de la experiencia recogida desde que lleva funcionando el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En primer término, es oportuno recordar que la hipoteca es un derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero, sobre bienes inmuebles, que continúan en poder del deudor[9]. En consecuencia, la acción es real, por lo tanto ésta se dirige contra el deudor o contra el tercero.

La hipoteca está regulada en el Código Civil, más precisamente en el Libro III de los derechos reales –mencionada como derecho real en el artículo 2503º, inciso 5º-. Tiene facultades conservatorias, restitutorias y ejecutorias el acreedor que ejerza la garantía a partir del momento de la constitución de la hipoteca. Este derecho del acreedor hipotecario le permite vender la cosa y cobrarse el valor adeudado, sin importar en manos de quien se encuentre (ius persequendi).

Asimismo, se puede decir que la hipoteca es oponible erga omnes, ya que no es necesario cobrarse obligatoriamente contra quien está obligado a cumplir la prestación, o sea el deudor, pues se hace efectiva directamente contra la cosa, sin importar los cambios que en su titularidad se hayan producido.

Como bien lo reseña Elena I. Highton, el ejercicio de la acción hipotecaria se desarrolla, generalmente, en un procedimiento de ejecución, ya que la regulación de este procedimiento tiene gran influencia en el éxito de la institución de la hipoteca[10].

Cabe referirnos al Código Civil, el que no tiene reglamentado especialmente la ejecución hipotecaria, sino que la menciona en los artículos 3162º, 3163º y siguientes.

Los artículos 3162º y 3163º del citado código, los que se encuentran en el capítulo en el que se refiere a las relaciones que la hipoteca establece entre los acreedores hipotecarios y los terceros poseedores, propietarios de los inmuebles hipotecados, rezan textualmente en sus partes pertinentes, respectivamente: “Si el deudor enajena, sea por título oneroso o lucrativo, el todo o una parte de la cosa o una desmembración de ella, que por sí sea susceptible de hipoteca, el acreedor podrá perseguirla en poder del adquirente, y pedir su ejecución y venta, como podría hacerlo contra el deudor...” y “En el caso de la primera parte del artículo anterior, antes de pedir el pago de la deuda al tercer poseedor, el acreedor debe hacer intimar al deudor el pago del capital y de los intereses exigibles en el término del tercer día, y si éste no lo verificare, cualquiera que fuese la excusa que alegare, podrá recurrir al tercer poseedor, exigiéndole el pago de la deuda, o el abandono del inmueble que lo reconoce”.

Por lo tanto, asentado lo precedente, es menester mencionar que algunos sostienen que se debe aplicar las normas del proceso de la ejecución fiscal, pero otros, la aplicación supletoria del CPCCN., siendo –a mi criterio- ésta última la más acertada y, asimismo, es la que la gran mayoría de los magistrados del fuero están aplicando para regular este tipo de procesos.

Estudiando el segundo grupo –procesos de ejecución en los que la Administración es parte demandada- se notan, de las causas que tramitan ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas ejecuciones fiscales en las cuales la parte actora es Aguas Argentinas, ejecuciones de alquileres y de expensas (siendo en su gran mayoría la parte demandada la Comisión Municipal de la Vivienda).

No nos olvidemos -como manifesté ut supra- que esto surge de la experiencia recogida en el referido fuero de la ciudad en materia contenciosa administrativa y tributaria.

Respecto al recién mencionado proceso de ejecución fiscal en donde la parte actora es Aguas Argentinas, corresponde su tramitación ante el referido fuero ya que se intenta ejecutar a una autoridad administrativa (por ejemplo, al mismo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Entonces se debe aplicar, y así se hace, las normas del proceso de ejecución fiscal tipificadas en los artículos 450º a 462º del código procesal porteño; y, para la ejecución de sentencia las reguladas especialmente en el CCAyT., cuando se deba ejecutar una sentencia contra la Administración.

Los otros dos casos son más discutidos, ya que pareciera que la omisión de regular este tipo de proceso, fue para que todos los procesos se ordinarizaran, perdiendo, así, la tutela judicial efectiva las causas que se tramitaban, antes de la sanción del código adjetivo local, por la vía ejecutiva.

La Cámara del fuero, fue bastante divergente respecto a este tema. Más aún, cuando la demandada planteaba (y casi en todos estos tipos de causas) que el procedimiento del juicio ejecutivo que se le aplicaba –como lo decidían los jueces de primera instancia- no correspondía sustanciarlo por esa vía por la ausencia en la legislación aplicable al caso, sino que debería ser por el procedimiento ordinario establecido en los artículos 269º y ss. del CCAyT..

Con buen criterio, ese Tribunal entiende que cuando se persigue un cobro de expensas, hay que tener en cuenta que el cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para el buen funcionamiento de un consorcio, surgiendo éstas de la convivencia en la propiedad horizontal.

Pues, entiéndase que si algún o algunos o, en su caso, todos los copropietarios de una propiedad horizontal no pagare/n las expensas y la administración del consorcio no puede ejecutarlos (obviamente por un proceso ejecutivo), por falta de regulación, por ejemplo, como es en el código adjetivo local, en el edificio común, no podrían mantenerse en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro. Por lo tanto, si se los demandara por un proceso ordinario como está regulado en el CCAyT. (Art. 269º y ss.), el cual es más complejo y trabado, ya que se estudia y se prueba todo lo necesario (siempre que lo ordene el juez), puede traer aparejado serios inconvenientes a la propiedad horizontal.

En su sentido literal, la Ley 19987 establecía expresamente en su artículo 97º que “todas las causas originadas por la actividad de la Municipalidad (…) se sustanciarán por vía de acción con arreglo a las formas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Lo que de aquí se desprende es que la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podía ser sometida a un proceso ejecutivo ante el fuero nacional en lo civil. Al no existir, hoy en día, esta posibilidad y de amparar esta postura por no haber norma legal alguna que lo tipifique en el CCAyT., entraríamos en un proceso de retroceso en la justicia. Toda vez que, antes se podía demandar a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por la vía ejecutiva y hoy no, hace que exista un derecho más desventajoso que con la referida Ley 19987.

Explicado lo precedente, es necesario hacer hincapié en lo que dispone la Ley 13.512 (Propiedad Horizontal) en sus partes pertinentes, la que reza en su artículo 8º: “Los propietarios tienen a su cargo en proporción al valor de sus pisos o departamentos, salvo convención en contrario, las expensas de administración y reparación de las partes y bienes comunes del edificio, indispensables para mantener en buen estado sus condiciones de seguridad, comodidad y decoro. Están obligados en la misma forma, a contribuir al pago de las primas de seguro del edificio común y a las expensas debidas a innovaciones dispuestas en dichas partes y bienes comunes por resolución de los propietarios, en mira de obtener su mejoramiento o de uso y goce más cómodo o de mayor renta... Ningún propietario podrá liberarse de contribuir a las expensas comunes por renuncia del uso y goce de los bienes o servicios comunes ni por abandono del piso o departamento que le pertenece”.

Asimismo, el artículo 17º de la citada ley dispone: La obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago de las expensas y primas de seguro total del edificio, sigue siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos en la extensión del artículo 3266 del Código Civil (…)”.

Empero, como explicaba la Dra. Mariani de Vidal, con anterioridad a la regulación del proceso ejecutivo en el CPCCN., la vía del juicio ordinario resultaba obviamente inconveniente para el cobro de la deuda de expensas, teniendo en cuenta que la percepción de las expensas es indispensable para el desenvolvimiento de la vida del consorcio. De allí la solución a la que arribaba la jurisprudencia mayoritaria, admitiendo la vía ejecutiva para el cobro de expensas siempre y cuando ella se hubiera pactado en el reglamento, pudiendo el mismo prever la composición del pertinente título ejecutivo y, en defecto de esa previsión, sirviendo como tal el certificado de deuda emitido por el administrador y las actas de las asambleas en las que se hubiera aprobado el gasto[11].

Es necesario, puntualizar que si en el Reglamento de Copropiedad y Administración se ha pactado la vía ejecutiva para el cobro de las expensas, ya que éste es de naturaleza contractual, ninguna de las partes puede sustraerse a dicha forma procesal unilateralmente, pues no se estaría cumpliendo con una norma de la ley de fondo: el artículo 1197º del Código Civil.

Este artículo del Código Civil (1197º) tiene su fuente en el artículo 1134º del Código de Napoleón, según el cual las convenciones legalmente pactadas equivalen a la ley entre las partes. El fundamento de esta norma, que da fuerza obligatoria a los contratos, se funda en el tráfico de necesidades, ya que es el principal medio del que se valen los hombres para crear relaciones jurídicas entre ellos. Son un instrumento esencial para la vida económica y para la promoción de la riqueza. Por ello es indispensable reconocerles fuerza jurídica.

Por otro lado, es bueno recordar, que los contratos carecerán de fuerza obligatoria si son contrarios a las leyes de carácter imperativo y si son contrarios a la moral (artículo 953º del Código Civil).

Asentado lo precedente, hay que dejar en claro, que antes de la regulación del proceso ejecutivo en el CPCCN., la Ley 13512 (Propiedad Horizontal) no lo había previsto, pero resultaba tan evidente su necesidad práctica, que los tribunales nacionales comenzaron a admitirlo, cuando el Reglamento de Copropiedad preveía esa vía ejecutiva para el cobro de la obligación[12].

En consecuencia, respecto a la ausencia en la justicia local de este tipo de proceso a los efectos de perseguir el cobro de expensas, se puede decir que si en el Reglamento de Copropiedad se encuentra prevista la vía ejecutiva y entendiendo, en el mismo sentido, que los tribunales nacionales, es menester proceder por el proceso ejecutivo allí pactado. Entonces, ante su referida ausencia es necesario volcarse por las normas reguladas en el CPCCN. para este tipo de proceso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 24.588 (vigencia en el ámbito local de las leyes y ordenanzas que regían hasta el momento del dictado de la Constitución, mientras no sean derogadas o modificadas por las autoridades nacionales o locales).

Es sólidamente fundado -al respecto- el voto del Doctor Esteban Centanaro. Su criterio es muy convincente. Explica muy bien y detalladamente el derecho de dominio de cada consorcista, el que se encuentra limitado, no sólo al texto de la ley y al de su decreto reglamentario (Decreto 18734), sino también al Reglamento de Copropiedad y Administración. Deja en claro que este último es una forma instrumental configurada por una estructura legal y jurídica (cláusulas constitutivas y cláusulas reglamentarias). Sostiene, a su vez, que estas cláusulas no son estrictamente de naturaleza contractual, sino de cumplimiento requerido para la división del inmueble en propiedad horizontal. Pues, este instituto tiene particularidades que lo distinguen de la clásica figura contractual, fundamentalmente porque puede ser modificado por un sistema de mayorías que, en principio, es de tercios.

A lo sumo, podría, tal vez, admitirse que nos hallamos ante un contrato por adhesión en el que la autonomía de la voluntad ha sido fuertemente limitada o ante una oferta que sólo cobra virtualidad contractual al momento de ser aceptada por los sucesivos adquirentes de las unidades funcionales[13].

En el mismo orden de ideas, hay que tener en cuenta que, atento a la falta de regulación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 24.588 (ley Cafiero), “...La legislación nacional y municipal vigente en la Ciudad de Buenos Aires con anterioridad a la entrada en vigencia del estatuto organizativo al que se refiere el artículo 129 de la Constitución Nacional, seguirá siendo aplicable, en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales a locales, según corresponda”.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, y toda vez que no se encuentra previsto (como vengo explicando) ningún tipo de proceso ejecutivo en donde la autoridad administrativa sea parte demandada, corresponde concluir que continúa rigiéndose por la normativa anterior a su entrada en vigencia. Esto se desprende de la interpretación que hacen las dos Salas del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en materia de amparo, que han declarado, ante la falta de regulación específica del trámite aplicable, hasta tanto el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida al respecto, que continúa vigente en el ámbito local la Ley 16.986, en todo cuanto no contradiga los artículos 43º de la Constitución Nacional y 14º de la Constitución de la Ciudad[14].

Siguiendo los mismos lineamientos, la Sala I del fuero expresó: “...este Tribunal considera que resulta aplicable...el trámite previsto por el artículo 524 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que textualmente reza: “Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. Con el escrito de promoción de la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si éste no los hubiere previsto deberá agregarse constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el administrador o quien haga sus veces””[15].

La citada Sala entendió lo indispensable que son las expensas en el régimen de la propiedad horizontal para la subsistencia del edificio común respecto a la seguridad, comodidad y decoro para con los copropietarios, la que puso de relieve con numerosa jurisprudencia[16].

Por su lado, como dije anteriormente, en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad los Doctores Ruiz y Maier dijeron que: “En el actual estadio, resulta obvio que los recursos jurisdiccionales son incipientes e incompletos. Sin embargo, la jurisdicción, estructura básica de la autonomía porteña, no es sólo un poder concedido por el constituyente federal en el año 1994. Es también un deber que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires impone a las autoridades del estado local. De lo que se trata, entonces, es de asumir, por un lado el inevitable déficit que toda tutela jurídica efectiva con las instituciones ya constituidas y sin esperas burocráticas”[17].

Por lo tanto, partiendo de la base de que el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, al sancionar el CCAyT. no tipificó lo relativo al proceso ejecutivo (de expensas, de alquileres, hipotecario, etcétera) continúan vigentes las disposiciones del CPCCN. hasta tanto el legislador local las regule, toda vez que no ha sido derogado o modificado por legislación local específica.

Se desprende del presente trabajo que lo expuesto no es más que una investigación sobre la posibilidad de que ciertos sujetos de la ciudad (por ejemplo, los consorcios) se verían afectados si no se aplicara el proceso ejecutivo. No dudo que el CCAyT. sea un avance muy importante que va complementando distintos pasos en la organización de la justicia de la Ciudad dentro del marco limitativo de la llamada ley Cafiero, como lo manifestó –en ese entonces- el diputado Fleitas Ortiz de Rozas[18], pero creo que sería necesario, obviamente por su omisión, que el legislador local regule este proceso.

El artículo 129º de la Constitución Nacional es el que nos brindó la autonomía en la Ciudad de Buenos Aires. Por consiguiente, está autonomía no se puede apreciar plenamente ya que, respecto al tema en cuestión (proceso ejecutivo) hemos de remitirnos supletoriamente al CPCCN. por las particularidades expuestas aquí.

En otro orden de ideas, también opino, como expresé en el presente, que habría un “retroceso” en la justicia, puesto que con la Ley 19987 la ex Municipalidad de Buenos Aires –hoy el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- podía acceder a la vía ejecutiva por el proceso tipificado en la justicia nacional en lo civil. Posibilidad que hoy no está normada, pero gracias al buen criterio tomado por la generalidad de los magistrados del fuero se puede acceder a las mismas normas que se utilizaban antes (el CPCCN.).

Por lo tanto, estamos a espera de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regule esta vía –como también la acción de amparo que no fue tema de desarrollo aquí-.

(*) Trabajo presentado y admitido en el XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos del 12 al 14 de junio de 2003. Comisión I: Derecho Procesal, Tema: a) Realidad y Debido Proceso, Subtema: Examen de las normas procesales y criterios judiciales que se contraponen con la garantía del debido proceso.

(**) El presente trabajo se hizo a base de los argumentos de la siguiente bibliografía: Leguisamón, Héctor Eduardo, “Lecciones de derecho procesal civil, Tratamiento de la legislación procesal nacional correlacionada con la de la provincia de Buenos Aires. Jurisprudencia nacional, federal y provincial. Modelos de escritos judiciales y de actuaciones procesales”, Depalma, 02 de agosto de 2001, Buenos Aires, págs. 1157; Highton, Elena I., “Juicio Hipotecario, Intimación de pago. Excepciones. Sentencia. Normas procesales/ Legislación/ Doctrina/ Jurisprudencia”, Hammurabi, Ed. Depalma José Luis, reimpresión: abril de 1997, Buenos Aires, 3 tomos; Donato, Jorge D., “Juicio ejecutivo”, Editorial Universidad, febrero de 1989, Buenos Aires, págs. 841; Bustos Berrondo, Horacio, “Juicio ejecutivo”, Ed. Platense, julio de 1988, Buenos Aires, págs. 360; Hernández, Hernando, “Tratado de la ejecución. Cumplimiento de la sentencia de remate. Embargo. El martillero. Subasta de muebles e inmuebles. Nulidad. Liquidación, pago, fianza y preferencias”, Ed. Universidad, julio de 1991, Buenos Aires, 2 tomos; Palacio, Lino E., y Alvarado Velloso, Adolfo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente”, 1989, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe; Borda, Guillermo A., “Tratado de derecho civil, Derechos Reales”, Ed. Perrot, 3º edición, Buenos Aires; Diez, Manuel María con la colaboración de Tomás Hutchinson, “Derecho procesal administrativo (Lo contencioso administrativo)”, Plus Ultra, 1983, Buenos Aires, págs. 661; Treacy, Guillermo F., “Los procesos especiales y el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires”, Jurisprudencia Argentina, fascículo nº 7, 14 de agosto de 2002, Buenos Aires, págs. 74/85; Mariani de Vidal, Marina, “Curso de derecho real”, Zavalía, Buenos Aires, 1991, 3 tomos; Borda, Guillermo A., “Tratado de derecho civil Argentino, Contratos”, Perrot, Buenos Aires, 2 tomos; Payá, Fernando H. y Carreró, Federico, “La naturaleza jurídica de la ejecución”, E.D., año XXVI, nº 7043, 03 de agosto de 1988, Buenos Aires, págs. 1/4; Exposición de Motivos para la sanción del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de mayo de 1999, Buenos Aires, Legislatura de la Ciudad; Jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, del fuero nacional en lo civil y del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, ya citada en las notas al pie del presente trabajo; Artículos de revistas citadas en las notas al pie referidas a la nueva justicia local y al CCAyT (respecto a este tema, si se quiere ampliar, ver CONVERSET, Martín M., “La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires dio cabida a la creación de una justicia contenciosa administrativa y tributaria con un código procesal adjetivo local”, Revista Jurídica de Cajamarca –Perú-, nº 11, http://comunidad.vlex.com/cajamarca/ ).

[1] Aprobado por la ley 189 del 13 de mayo de 1999. B.O.C.B.A. Nº 722, public. 28 de junio de 1999 [EDLA, 1999-B-835].

[2] Cabe hacer mención en forma sintética sobre cómo nace la referida justicia. La reforma constitucional de 1994, en su artículo 129 le ha dado autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente, ésta es remarcada por diferentes cláusulas concordantes en la extensión de la Constitución Nacional (Conf.. arts. 44, 45, 75 incs. 2 y 31, 99 inc. 20, 124 y 125 in fine). Pero lo que no se manifiesta con precisión es si esta autonomía es amplia o restringida. No obstante, esta clasificación surge por la vía indirecta de omisiones de la referida Carta Magna (confrs. arts. 5, 42, 75 incs. 2, 9, 12 y arts. 116, 124 y 128). Corresponde señalar que no se ha determinado un nombre al régimen institucional de la ciudad como municipio, ni como provincia ni estado. Lo que sí es de destacar que el precitado artículo 129, el que le otorga autonomía a la ciudad, lo encontramos dentro del título “Gobiernos de Provincia”. Y “le otorga a la Capital del Estado Federal facultades propias de jurisdicción y de legislación y el derecho a su población a elegir a su Jefe de Gobierno” (Competencia: “Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: competencia originaria y exclusiva; inconstitucionalidad de la ordenanza fiscal; causa iniciada ante el Fuero Nacional en lo Civil; remisión de las actuaciones”, dictamen del Sr. Fiscal de la Excma. Cámara en lo Civil del 02 de agosto de 1999, ED, Nº 9897, 13 de diciembre de 1999, págs. 4 a 5). El Dr. Carlos R. Sanz señala expresamente que: “Sin duda que la Ciudad ha sido anterior a la Confederación Argentina. No obstante esta Ciudad de la Santísima Trinidad, fundada desde los poblamientos de Asunción del Paraguay y Santa Fe, épocas de la cristiandad mestiza, devino Capital Federal del Estado confederado del Pacto de San José de Flores y de la sanción de la ley de federalización de 1880 (ley 1029). “Se produce, de esta manera, una escisión entre la ciudad histórica y la ciudad institución. Si partimos de la primera visión, la capital de la Provincia de Buenos Aires habría sido entidad fundante, en virtud de su concurrencia al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y por ser signataria, la provincia, de los diversos “pactos pre-existentes”. “No obstante, como Capital Federal del estado confederal jurídicamente, ya la ciudad en sí y no en cuanto capital de la provincia, es una creación federal y, por lo tanto, las normas constitucionales fundantes de la Constitución Nacional y de las leyes del Congreso Federal. “Digo así, por cuanto se ha venido a configurar en el presente, una verdadera neuropatía institucional. Porque en lugar de haberse dictado el Estatuto o Constitución local desde los límites del derecho federal, los constituyentes locales partieron del supuesto de que la Capital Federal tenía un status de provincia y de provincia fundante de la Confederación (ver Art. 1º, párrafo final, del Estatuto Orgánico, donde se habla del ejercicio del poder no conferido al Gobierno Federal y disposiciones concordantes). De allí que el régimen constitucional aprobado por la Convención local, ha excedido, en términos conceptuales, el marco del párrafo tercero del Art. 129 de la Constitución Nacional”. (Competencia: “Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: competencia originaria y exclusiva; inconstitucionalidad de la ordenanza fiscal; causa iniciada ante el Fuero Nacional en lo Civil; remisión de las actuaciones”: cit. precedente). En el mismo orden de ideas, la referida reforma provocó, en su precitado artículo 129, una profunda discusión. Algunos decían que la Ciudad de Buenos Aires es una media provincia o medio super municipio, la que le permitió formar su propio estatuto organizativo. En este sentido, cabe destacar que García Lema -en las asambleas de Santa Fe y Paraná- manifestó que ello (dictar el estatuto organizativo) “significa que la ciudad de Buenos Aires no quedará regida por una constitución local, como lo establece para las provincias el artículo 5 de la constitución nacional.....”. (Convención Constituyente Nacional de 1994, “Diario de Sesiones”, versión provisoria, pág. 2221). Por otro lado, Raúl Alfonsín entendía que tendría que dictarse una constitución de la ciudad de Buenos Aires. Y, a todas luces se ha preferido en la asamblea estatuyente esta última opción (Convención Constituyente Nacional de 1994, “Diario de Sesiones”, versión provisoria, pág. 2733). No hay que dejar de lado la remisión que hace la Constitución de la Ciudad a la declaración de derechos y garantías de la Constitución Nacional que la amplía notablemente (“La Constitución Estatuyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, María Angélica Gelli, LL, T. 1997-B, Sec. doctrina, págs. 1022/1036). Contrariamente a lo manifestado precedentemente, señalo a continuación algunos derechos reconocidos en la Constitución local y que no comprometen a la Nación, como por ejemplo: la identidad, la igualdad, libertad de conciencia, salud, ambiente y hábitat, entre otros. En materia de justicia el artículo 106 de la Constitución de la Ciudad dispone: “corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación voluntaria conforme la ley que la reglamente. Ejerce esta competencia, sin perjuicio del juicio por jurados que la ley establezca”. Asimismo, el artículo 107 establece: “El Poder Judicial de la Ciudad lo integra el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el ministerio público”. La llamada “ley Cafiero” (ley nº 24.588, sancionada: Noviembre 8 de 1995, Promulgada: Noviembre 27 de 1995, Publicada: B.O. Nº 28.282 del 30 de noviembre de 1995) establece la garantía de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, asegurando el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación (Conf.. Art. 1º de la precitada ley). Oportuno es resaltar el artículo 8º que establece, expresamente que, “la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso – administrativo y tributaria locales”: hoy día, se encuentran en pleno funcionamiento los juzgados Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (desde el 2 de octubre de 2000, Resolución 337 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [EDLA, 2000-B-1003], del 26 de septiembre de 2000) con un código procesal similar al Civil y Comercial de la Nación, pero con algunas innovaciones impuestas por las particularidades del proceso contencioso administrativo.

[3] Este acápite no ha sido incluido en el trabajo presentado en el referido XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal que hice mención en la llamada (*).

[4] Fernando H. Payá y Federico C. Carreró, “La naturaleza jurídica de la ejecución”, E.D., año XXVI, nro. 7043, 03 de agosto de 1988, págs. 1/4.

[5] C. Nac. Com., Sala “A”, ED 78-248.

[6] Micheli, Curso de derecho procesal civil [trad. Santiago Sentís Melendo, t.I, pág. 32].

[7] Guillermo F. Treacy, “Los procesos especiales y el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires”, Jurisprudencia Argentina, 2002-III, fascículo nro. 7, 14 de agosto de 2002, pág. 76/77.

[8] V. cit. nº 6.

[9] “En el Derecho romano había el “pignus” y la “hypotheca” en seguridad de las deudas. El “pignus” o prenda era cuando alguna cosa se empeñaba en seguridad del dinero prestado, y la posesión de ella pasaba al acreedor con la condición de volver al propietario cuando la deuda fuese pagada. La “hypotheca” era cuando la cosa empeñada no se entregaba al acreedor sino que permanecía en poder del deudor (Inst. lib. 4, tít. 6, &7). En el Digesto se halla establecido lo mismo en términos más breves, “Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit Hypothecam, cum non transit, nec possessio ad creditorem” (L. 9, & 2, tít. 7, lib. 13). Había dos clases de acciones aplicables a la prueba y a las hipotecas; la acción “pignoraticia” y la acción “hipotecaria”. La primera era divisible en dos clases: la “acción directa”, que correspondía al deudor contra el acreedor, para que le volviese la prenda cuando la deuda estuviese pagada; y la “acción contraria”, que correspondía al acreedor cuando el título del deudor era insuficiente, o cuando hubiese hecho impensas necesarias en la cosa. La acción hipotecaria era dada al acreedor para obtener la posesión de la cosa en cualquier mano que se encontrase. (Inst. lib. 3, tít. 15, & 4 y VINNIO, sobre dicho párrafo. POTHIER, “Pand”, lib. 13, tít. 7, núms. 24 a 29).” (Conf. . nota “in fine” del artículo 3108 del Código Civil).

[10] Elena I. Highton, Juicio Hipotecario, “Intimación de pago. Excepciones. Sentencia”, Ed. Hammurabi SRL, Buenos Aires, primera edición en junio de 1993, primera reimpresión en abril de 1997, editor: José Luis Depalma, págs. 86/87, tomo 1 (de 3 tomos).

[11] Marini de Vidal, Marina, Curso de Derecho Reales, Zavalía, Buenos Aires, 1991, t. 2, pág. 175.

[12] Guillermo Borda, Tratado de Derecho Civil, Derecho Reales, tº. 1, Ed. Perrot, Buenos Aires, 3º edición, pág. 597.

[13] Cám. Contenciosa Administrativa y Tributaria de C.A.B.A., Sala II, “Consorcio de Propietarios Edificio 86 (ex 78) Nudo 2 – Barrio Soldati c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ ejecución de expensas”, expediente nº 1672, del 08/08/2001

[14] Cám. Contenciosa Administrativa y Tributaria de C.A.B.A., Sala I, “Klimovsky, Silvio Rafael y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ amparo”, expediente nº 25, del 16/11/2000.

[15] Cám. Contenciosa Administrativa y Tributaria de C.A.B.A., Sala I, “Consorcio de Propietarios de 24 de Noviembre 111/17 c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ ejecución de expensas”, expediente nº 795, del 05/10/2001.

[16] Cám. Nacional de Apelaciones en lo Civil., Sala F, 25/4/94, “Consorcio de Copropietarios Julián Álvarez 2433/5/7/2429 c/ Navarro, Joaquín”, Isis/30, sumario nº 2853; Ídem., Sala E, 23/2/90, “Consorcio de Propietarios Arenales 3837 c/ Taboada, Juan C.”, Isis/30, sumario nº 5875; Ídem., Sala A, 31/3/89, “Consorcio de Propietarios Calle Córdoba 643/9 c/ Barbosa s/ cobro de expensas”, sumario nº 16, entre muchos otros.

[17] Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, in re, SAO 30/1999, “Perrone, Héctor Alejandro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”.

[18] Fleitas Ortiz de Rozas, Exposición de Motivos para la sanción del CCAyT., del 06 de mayo de 1999, pág. 228/229.

(*) Integrante del Poder Judicial Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Ex integrante del Poder Judicial de la Nación (Argentina). Profesor auxiliar de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Nación (Argentina) en la Universidad Católica de Salta. Profesor de Civil I y Teoría General del Proceso en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Consejero de la Revista Jurídica "Cajamarca".

Revista Jurídica Cajamarca

La ausencia del proceso ejecutivo en el Código contencioso administrativo y tributario de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la aplicación supletoria del Código procesal civil y comercial de la Nación(*) (**)

Martín Miguel Converset (***)

II. Historia[3]

III. Ejecución –generalidades-

1. Características distintivas

V. Omisión

VI. Proceso de ejecución

1. Primer caso