Derecho y Cambio Social

RESUMEN:

            En los últimos años, la inmigración ha ocupado un lugar central en el debate político en las sociedades occidentales. Esta situación es el resultado de varios factores, incluso el aumento de la presión inmigratoria y el aumento del período de permanencia de los inmigrantes en los países de acogida. Las grandes corrientes migratorias actuales obedecen a un desnivel y tienden a nivelar; pero no se trata solamente de desnivel en la densidad demográfica: hay claramente una correspondencia entre las situaciones económicas y políticas imperantes en los Estados y las corrientes migratorias. Sin embargo, las migraciones responden a dinámicas estructurales complejas en las cuales interviene una pluralidad de agentes con intereses y expectativas muy diversas. Para manejar esta situación, los Estados han buscado encontrar instrumentos que permitan no solo regular los flujos migratorios, pero también promover la integración social de los inmigrantes ante la insuficiencia de las medidas de control de fronteras. El objetivo de este trabajo es examinar el modo como algunas medidas son adoptadas en materia de política migratoria, sus características principales y dilemas que presentan, incluso los cambios que implican, a su caso, en el concepto de ciudadanía.

1. Introducción

Francia, 1989. Tres niñas en la ciudad de Creuil son prohibidas por sus maestros de ir a la escuela porteando los velos que las identifican como musulmanas. En poco tiempo, la discusión a propósito de la pertinencia o no de la prohibición del velo toma cuenta de todo el país y provoca vehementes manifestaciones en todos los sectores de la vida política y cultural francesa. Inglaterra, 2006. Nueva polémica por velo musulmán. Tras una larga discusión, la Cámara de los Lores, la mayor instancia judicial británica, dictaminó en favor de la escuela que prohibió a una de sus alumnas usar el jilbab, un traje musulmán que cubre el cuerpo de las mujeres, con excepción de la cara y las manos. Canadá, 2007. Una fuerte polémica se ha desatado al conocerse la decisión de las autoridades de permitir a las mujeres musulmanas votar con el rostro cubierto, pese a las protestas de toda la clase política. Estados Unidos, 2008. A dos mujeres con la cabeza cubierta con el pañuelo se les prohibió subir al escenario en un reciente mitin del senador cristiano Barak Obama. Actualmente, en España, mientras el PP dijo en plena campaña electoral que quería incluir la cuestión del velo en el contrato de integración de inmigrantes, el gobierno no se ha decantado por regular la materia. “Lo más importante es ser sumamente respetuoso con los hábitos y culturas de cada país, teniendo mucho cuidado en que esas tradiciones culturales no ataquen a la libertad ni supongan una vulneración de la libertad a las personas o un ataque a los derechos humanos”, apuntó la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (El País, 28-6-2008). Mientras, los mercados se han adaptado más do que los gobiernos: a lo largo de los últimos cuatro años, uno de los juguetes más vendidos entre las niñas musulmanas fue “Razzane”, una versión de la famosa “Barbie” que, a diferencia de ésta, lleva el pelo cubierto con un velo, y está disponible en distintas versiones, desde la religiosa (Corán incluido), hasta la “In and Out”, con un vestido para salir a la calle y otro modelo para estar en casa. La Razzane se fabrica, empaqueta y distribuye directamente desde Michigan por la empresa norteamericana Noorart Inc, al contrario de la Barbie, que, con cuanto sea un producto de la empresa norteamericana Mattel, es hecha en China (una parcela del 70% de las exportaciones chinas son iniciadas por las multinacionales americanas). La paradoja: la Razzane, la “Barbie” musulmana, es una norteamericana auténtica y la Barbie “occidental” es inmigrante.

Más allá del velo, en los últimos años, la inmigración ha ocupado un lugar central en el debate político en las sociedades occidentales, con una clara existencia de una relación entre la elaboración de las políticas migratoria, de nacionalidad e identidad nacional y económica, relación que, sin embargo, viene sufriendo importantes modificaciones bajo el impacto del llamado proceso de globalización, que implica un redimensionamiento del papel del Estado, hasta entonces central en la definición de la identidad nacional y de la economía. En síntesis, las políticas migratorias y la políticas de nacionalidad tienen una relación que puede ser descrita como dialéctica con la construcción de la identidad nacional, y esa relación ha sido alterada bajo lo que llamamos de proceso de globalización. Más allá de esto, se han encasillado las políticas migratorias dentro de los modelos de política económica y social, pues resulta evidente que las estrategias de inmigración suelen partir de una consideración coordinada de los ámbitos económico y social, de tal manera que suelen ser coherentes, sino dependientes, con las orientaciones generales de política económica, como se comprueba con la propia historia reciente en el desarrollo de los flujos migratorios.

Así es que el auge económico de postguerra en los países centrales estuvo sostenido, en buena parte, por la aportación laboral de inmigrantes extranjeros. En este período las grandes migraciones internacionales se caracterizan por un cambio de dirección: los desplazamientos de personas siguen a la concentración del capital en los países del centro del sistema mundial. Estados Unidos, Canadá, Australia y los países centrales europeos fomentaran la inmigración. Pero a finales del siglo XX, sobre todo a comienzos de los años 70, con la gran crisis del modelo hegemónico que había garantizado el crecimiento de los países capitalistas centrales en los años de postguerra, se inaugura un período de restricciones a la inmigración: se pone fin a la política de reclutamiento por parte de los países desarrollados y se fomenta el retorno de los “trabajadores invitados” a sus países de origen. Hoy, los países de destino se muestran cada vez menos dispuestos a acoger a los trabajadores inmigrantes. Estas medidas, no obstante, no han significado un freno a la entrada de inmigrantes sino más bien un cambio en la composición de los nuevos flujos.

Ese proceso va a si reflejar en la relación del nacional con el extranjero, y consecuentemente en la definición de las políticas que reglamentan esa relación. La situación actual de las políticas migratorias es el resultado de varios factores, incluso el aumento de la presión inmigratoria y el aumento del período de permanencia de los inmigrantes en los países de acogida: hoy estamos, de hecho, ante una gran revolución transnacional que está reestructurando la sociedad a escala planetaria y las migraciones internacionales son parte de este proceso de globalización del sistema mundial. Las grandes corrientes migratorias actuales obedecen a un desnivel y tienden a nivelar; pero no se trata solamente de desnivel en la densidad demográfica: hay claramente una correspondencia entre las situaciones económicas y políticas imperantes en los Estados y las corrientes migratorias. De hecho, estamos en un momento en que el desarrollo de las relaciones económicas, sociales y culturales ha alcanzado dimensiones que sobrepasan las fronteras, las bolsas de extrema pobreza en el mundo han aumentado en los últimos años y numerosos grupos de personas emprenden camino hacia aquellos lugares donde se encuentra la riqueza y donde suponen que están las expectativas de una vida mejor.

Para manejar esta situación, en la que las migraciones responden a dinámicas estructurales complejas en las cuales interviene una pluralidad de agentes con intereses y expectativas muy diversas, los Estados han buscado encontrar instrumentos que permitan no solo regular los flujos migratorios, pero también promover la integración social de los inmigrantes ante la insuficiencia de las medidas de control de fronteras. Las políticas migratorias son, en ese contexto, no solo el conjunto de leyes, circulares y disposiciones de un gobierno relativas a la entrada, circulación y estadía de extranjeros en el territorio de soberanía del Estado. Actualmente, si la importancia que la cuestión nacional asumió en los últimos años, sobre todo en Europa, suministra varias evidencias de la relación entre política migratoria, construcción del Estado nacional y globalización, la verdad es que, un poco tardíamente, se tomó conciencia de que los inmigrantes que entraron en los países europeos en el contexto de la política de inmigración desarrollada en el postguerra no eran temporales, cual si anheló a principio; habían ido para quedarse. Así es que se tornó necesario que la política de inmigración contemplase no solamente la cuestión del control de las fronteras como también la manera cual si daría la inserción dieses extranjeros en la sociedad.

El objetivo de este trabajo es examinar en breves líneas los ejes de estos conjuntos de leyes, circulares y disposiciones, propuestas e indicaciones que constituyen las principales políticas de inmigración, o sea, el modo como algunas medidas son adoptadas en materia de política de inmigración – la manera de entrada, circulación y estadía de extranjeros, pero también la manera cual si da la inserción dieses extranjeros en la sociedad –, sus características principales y dilemas que presentan, incluso los cambios que implican en el concepto de ciudadanía.

2. “uNa ACOGIDA coN LOS BRAZOS CERRADOS”: las contradicCIONES DE LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN DE LOS PAÍSES CENTRALES

La afirmación de que la inmigración constituye, en el siglo XXI, la frontera de los derechos humanos invita a la reflexión, y a nosotros sugiere dos ideas: la primera, de que la inmigración está poniendo a prueba la capacidad del mundo para universalizar los derechos humanos; la segunda, de que la inmigración está desvelando el doble rasero con el que actúan los países más desarrollados, incluso en Europa, generosos cuando se trata de plasmar declaraciones supranacionales, mezquinos a la hora de hacer efectivos desde el propio país dichos derechos. De hecho, con pocas excepciones, en los países más desarrollados – así ocurre en la mayor parte de los países de inmigración de Occidente, incluso entre los grandes países de acogida en Europa, tras su pasado de emigraciones –, la política de inmigración está siendo construida de cima para bajo y tiende a funcionar bajo políticas represivas y excluyentes, con prácticas que priorizan el control de fronteras. Así es que, en eses países, con cuanto disfrute de cierta protección social y jurídica, el extranjero admitido legalmente suele ser acogido “con los brazos cerrados”, lo que resulta en una integración incompleta, de mala calidad, y la situación de los extranjeros irregulares es muy problemática.

Es cierto que, a lo largo de los últimos años, en Europa, los extranjeros fueron, de alguna forma, responsabilizados por el desempleo, por la crisis del Estado de Bienestar, por el crecimiento de la inseguridad y de la violencia en las grandes ciudades, por colocar en riesgo la cultura nacional, entre otras cosas. Con escasos matices, los partidos ultranacionalistas de extrema derecha tienen fomentado ideologías xenófobas, que en Austria, Italia, Francia, en la región belga de Flandes, en Dinamarca y en la República Checa han contaminado a una parte considerable de los votantes. Las dificultades económicas y políticas por qué atraviesan eses países pueden haber aportado para que el “problema de los extranjeros” si volviese visible, pero no crearon el problema, o sea, la crisis económica por sí solo no explica el hecho del extranjero haber sido alzado a la condición de grande responsable por los problemas europeos, qué también no significa que no existan problemas inmigratorios en eses países.

            De hecho, la verdad es que Unión Europea está direccionando su política de migración para la detención y repatriación de inmigrantes (en el espacio de la Unión Europea hay 224 centros europeos de detención de inmigrantes, con capacidad para 30 mil extranjeros ilegales) y para las cuotas de inmigración, convirtiéndose el control de los inmigrantes en un laboratorio para experimentación de políticas represivas y en el síntesis de la política migratoria común. En el Año Europeo del Diálogo Intercultural, en vez de Europa discutir cómo integrar los inmigrantes, qué debate es el alejamiento y la expulsión, a través de la “Directiva del Retorno”, que causó tanto escándalo a punto de ser llamada  de “directiva de la vergüenza”, a causa de artículos que permiten que un inmigrante no regularizado en Europa pueda ser arrestado por dieciocho meses, que permiten que los niños (al contrario de todo el legislación de protección de niños) puedan ser detenidos y expulsados, y el retorno forzado, sin posibilidad de volver a hollar el solo europeo durante cinco años. Ahora, a más de esto, viene ahí el llamado Pacto de la Inmigración – Francia, un país que ha sido muy restrictivo en los últimos tiempos, quiere centrar el debate de la Presidencia francesa de la Unión Europea en la inmigración y, con esa directiva, los peores escenarios son posibles para Europa.

Así es que, hoy por hoy, en Italia y en España son especialmente importantes los retos de la inmigración africana y mediterránea en el marco de la actual ortodoxia restrictiva europea. De hecho, durante los años 90 los “nuevos” receptores de inmigración en la Europa del Sur, en particular Italia y España, fueron considerados por los “viejos” países de inmigración del Norte un claro ejemplo de regímenes migratorios débiles, caracterizados por una extendida tolerancia hacia la inmigración irregular y una destacada tendencia a realizar regularizaciones con efectos negativos sobre la gestión racional de los flujos. Transformados en los “guardianes de la frontera” por el Tratado de Schengen, Italia primero y España después, han tenido que enfrentarse a las críticas de los países centrales europeos, que desde el principio se han mostrado muy escépticos sobre la eficiencia mediterránea en materia de control migratorio. Hoy contemplamos una política de revitalización de las fronteras, en que el Mediterráneo se ha convertido después de la queda del telón de acero en la actual gran frontera mundial, en la que muchos mueren ahogados al intentar pasar de África a Europa, y así es que la llegada de extranjeros irregulares a las costas sicilianas o a las Islas Canarias despierta cada vez más el interés mediático.

Pero la mejora de los controles exteriores y la presión sobre los flujos de clandestinos no ha podido evitar la presencia de extranjeros irregulares tout court, producto de leyes de inmigración de orientación restrictiva y acogidos por una boyante economía sumergida. Es siempre muy difícil contabilizar la clandestinidad, pero se habla en ocho millones de inmigrantes irregulares en Europa y es impensable los gobiernos europeos expulsen ocho millones de personas. ¿Además de la expulsión, los gobiernos europeos dan alguna alternativa a esas personas? Si no se da alternativa, el mensaje que se está a pasar es que esas personas deben mantenerse en la clandestinidad.

            La clandestinidad, a su turno, acentúa aún más la vulnerabilidad de los inmigrantes, generando mayor inseguridad en cuanto a su estatuto, dependencia total respecto del empleador, sometimiento a la arbitrariedad de las autoridades y falta de procedimientos de recurso. Todo ello se traduce a menudo en expulsiones masivas o en que las personas queden sojuzgadas por el miedo, con aquella sensación del que pueden ser expulsadas a cualquier momento, y eso hace con que busquen menos sus derechos, y que estén más vulnerables a la exploración a todos los niveles, y fundamentalmente a la exploración del trabajo. Así es que los extranjeros irregulares, mismo cuando son víctimas, son los culpables. Eso acaba por hacer con que los Estados europeos, ante una directiva tan gravosa para los inmigrantes, se sientan menos a la voluntad para regularizar los que están en sus países y se sientan menos a la voluntad para tener políticas de integración. Porque la señal dada por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros fue lo de decir que un inmigrante no regularizado se quede arrestado. Avanzase con una grande llave para resolver el problema de la inmigración no-regularizada: expulsar las personas de Europa y no integrarlas.

            Sin embargo, la clandestinidad ten generado, en Europa, la reinvención de la esclavitud. En los países centrales, el esclavismo contemporáneo está relacionado al trabajo de inmigrantes irregulares. Hoy, en el contexto europeo, destacamos el problema de la esclavitud contemporánea en Inglaterra, que se empeñó, a lo largo del siglo XIX, en reprimir el tráfico transatlántico de esclavos. Hoy, el esclavismo, en el territorio inglés, está asociado a la masiva utilización irregular de mano de obra de inmigrantes del Este europeo, asiáticos, africanos y latinoamericanos. Esos inmigrantes son reclutados en sus países de origen mediante promesas de pago de salarios razonables y de suministro de condiciones dignas de trabajo y subsistencia, incluso vivienda y regularización de su situación laboral en Inglaterra. Llevados hacia Inglaterra, los trabajadores inmigrantes en situación irregular son empleados clandestinamente en el sector agrícola, en el trabajo doméstico, en el sector de la construcción civil y en el sector de alimentación. Es de extrema vulnerabilidad la situación del trabajador inmigrante, que siquiera puede denunciar la situación de explotación a las autoridades y muchas veces siquiera sabe utilizar el idioma local.

            En importante estudio de caso realizado por la Anti-Slavery International, se verificó que un grupo de trabajadores poloneses fue reclutado en Polonia y llevado clandestinamente para la ciudad de Exeter, de poco más de 100.000 (cien mil) habitantes, en el Sudoeste de Inglaterra. A lo llegaren al destino, en medio a la noche, tuvieron que aguardar obreros afganos (grupo que dio lugar a los obreros poloneses) ser expulsados de la empresa. Esos obreros, que no hablaban inglés, fueron utilizados en el empaque de pollos para la empresa Sainsbury’s, de Devon, pero no tenían contacto directo con el personal de esta empresa, apenas con intermediarios. Fueron alojados en una habitación colectiva, desproveída de muebles, que contenía apenas colchones desaseados, echados derechamente al suelo. Trabajaban en el turno de las 2 horas de la mañana a las 10 horas de la noche, de forma casi ininterrumpida, y eran constantemente amenazados, por fiscales, de ser entregues a la fiscalía. Los trabajadores solamente fueron rescatados después una fuga masiva, y regresaron a Polonia por las manos de las autoridades inglesas, con cuanto su empleador se puso impune.   

            En Portugal, el esclavismo también es una realidad. Ciudadanos rumanos son frecuentemente reclutados en su país y encaminados a Portugal. En la llegada, antes de ser encaminados a las haciendas en las que vendrán a trabajar, sus pasaportes son retenidos. Las deudas mantenidas junto a los hacendados son utilizadas como forma de evitar la evasión dieses trabajadores, mantenidos en situación irregular. Allende ciudadanos del Este europeo, también llegan a Portugal inmigrantes oriundos de Angola, Brasil, Cabo Verde, San Tome y Príncipe, y de antiguas repúblicas soviéticas, como Armenia y Georgia, empleados clandestinamente en la agricultura, en la construcción civil y en el sector de servicios. En cuanto a los inmigrantes de países de idioma portugués, la mayoría ingresa legalmente en el territorio portugués, en virtud de acuerdos bilaterales. Pero, en todos los casos, los inmigrantes normalmente no tienen un visto adecuado, que les autorice a trabajar. En esa situación de extrema vulnerabilidad, son frecuentemente víctimas de abusos por medio de trampas, amenaza o intimidación. Situaciones como la retención de documentos, amenazas de repatriación o de detención por la policía y violencia física son identificadas como formas comunes de coerción.

            En el caso de Irlanda, la excepcional performance de la economía nacional desde los años noventa redundó en una demanda nunca habida por trabajo, que, por su vez, causó una reversión de la historia de la emigración irlandesa. Irlanda, país de población tradicionalmente inmigrante, es ahora un país que experimenta un fuerte flujo de emigración. Un informe reciente subrayó que, en el 2005, 8% de la mano de obra regularmente empleada en Irlanda era formada por extranjeros. Ese cambio dramático en la composición de la fuerza de trabajo no ocurrió sin problemas: sindicatos denuncian que inmigrantes están trabajando bajo una combinación de condiciones abusivas y exploratorias que tangencia la esclavitud.

            En el caso de la República Checa, recientes pesquisas demostraron que el esclavismo está, también, relacionado a la emigración. Los sectores con más alta incidencia de trabajo forzado son la industria de la construcción, industria textil, la agricultura y el sector de servicios. En la República Checa hay una aparente división de géneros en esos sectores: los hombres trabajan en la construcción civil y en la silvicultura, y las mujeres son encontradas en la agricultura, en la industria textil y en los servicios de limpieza y trabajo doméstico. Abuso de la vulnerabilidad y mantenimiento de relaciones de dependencia son formas de coerción que están siempre presentes en los casos de trabajo forzado en ese país, siendo más frecuente la retención de salarios o de documentos. Violencia o amenaza de violencia, amenaza de una denuncia para las autoridades y restricción de libertad aparecen constantemente. Las pesquisas revelan cierta secuencia en el uso de las diferentes formas de coerción: primero, la retención de salarios y documentos, y apenas cuando esas formas de coerción fallan, otras son utilizadas, como violencia, amenazas de violencia o amenazas de denuncia para las autoridades o de restricción de libertad.

            Los migrantes esclavizados en la República Checa provienen, en su mayoría, de antiguas repúblicas soviéticas, como Bielorrusia, Chechenia, Georgia y Moldavia; también trashuman para la República Checa, a la busca de trabajo, ciudadanos oriundos de Asia, especialmente de China, Mongolia y Vietnam. Qué se revela en las pesquisas realizadas en la República Checa permite establecer un trazo común con la esclavitud en otros países de Europa, como España, Inglaterra, Irlanda y Portugal: las personas traficadas o exploradas no son oriundas de países más desarrollados. Los inmigrantes vienen de países en los cuales están sujetos a restricciones y limitaciones, resultando en su estatus de residencia insegura. En ese contexto, el estatus de trabajador irregular es exactamente el medio por el cual los empleadores ejercen el control sobre los trabajadores migrantes.

Por otro lado, el simple “cierre de fronteras” no es la solución a los problemas que vienen con las nuevas olas migratorias, mismo porque cuanto más restricciones, más extranjeros clandestinos y más personas murrien en el camino hacia los países más desarrollados. Ejemplo de esta triste realidad migratoria aconteció en la víspera del día 18 de diciembre del 2007, el día internacional del migrante (data de la aprobación de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias”, de la Organización Internacional del Trabajo), cuando 102 personas que partieron de África en caiques intentando llegar a las Islas Canarias murieron después de intentar recorrer más de 1500 kilómetros en el mar, para llegar las islas.

Sin embargo, en los últimos años la evolución de los regímenes migratorios europeos se ha caracterizado por el incremento y perfeccionamiento de los controles exteriores, cuya mejora ha representado un paso fundamental en la gestión de los flujos que utilizan la vía marítima como canal de ingreso. En este proceso hay que destacar el considerable esfuerzo hecho para fomentar la cooperación bilateral, no sólo con los países de origen de los flujos migratorios (y donde a menudo operan las mafias) sino también con países de tránsito como Libia y Marruecos. La mejora de los sistemas de control ha desembocado en los últimos años en una cooperación más estrecha entre los Estados miembros de la Unión Europea. Destaca, en este contexto, la constitución de FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores) en 2004, cuya actividad ha marcado un cambio de actitud fundamental en las relaciones entre los países del Norte y del Sur de Europa. A través de FRONTEX, los ataques unilaterales a los “guardianes de la frontera” han cedido el paso a un organismo europeo de coordinación y las fronteras exteriores han dejado de ser un problema exclusivo de la Europa del Sur, convirtiéndose en un asunto de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Si algunos importantes canales de ingreso han podido cerrarse gracias a la mejora de los controles fronterizos, el ingreso clandestino por vía marítima no representa el canal de ingreso más importante. De hecho, y sin quitar importancia al drama humano que conlleva este tipo de inmigración, los flujos clandestinos procedentes del África subsahariana son muy exiguos en comparación con los procedentes de otros países. Sin embargo, el Mediterráneo siegue siendo un marco simbólico importante en las migraciones, sino el gran palco del drama humano que envuelve los inmigrantes. De hecho, desde que se intensificaron los flujos migratorios de África rumbo Europa, se calcula que murieron más de 9 mil inmigrantes ahogados en las aguas del Atlántico y más de 200 mil fueron devueltos a los países de África. La busca de una vida mejor de los africanos de Marruecos, en contingentes masivos, tuvo inicio hace más de diez años. A principio a través de las “batieras” (barcos) que partían de su país, atravesaban el Mediterráneo y llegaban a España, o mejor, en el Sur del país. A los pocos, sin embargo, fueron colocadas “bayas” en las ciudades de Ceuta y Melilla, Norte de Marruecos, cámaras de vigilancia, radares y patrullas en el Mar Mediterráneo. Pero nada de eso ha impedido el flujo migratorio.

Después una promesa de 40 millones de euros por parte de la Unión Europea, a título de ayuda al desarrollo, el gobierno de Marruecos colocó el ejército para impedir el tránsito de los migrantes. También fue instalado a lo largo de la costa Norte de África el llamado SIVE (Sistema Intensivo de Vigilancia Externa). Ahora, la nueva ruta de inmigrantes africanos para llegar a Europa se vuelve aún más larga y peligrosa. Se trata de emprender un largo y peligroso viaje pasando por Mauritania, parte del Desierto del Sahara, para llegar a Senegal, por tierra. De allí, por mar, los migrantes ascienden por la costa africana hasta la altura de las Islas Canarias. Cuando llegan, son llevados para los Centros de Internamiento del sur de España. Permanecen en los centros por 40 días y después son repatriados o sueltos en la calle. Una buena parte de ellos acaba trabajando en las cosechas de las frutas de la región, en condiciones análogas a la esclavitud.

Durante los años 90, uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos italianos ha sido la firma de acuerdos bilaterales con países de fuerte presión migratoria hacia Italia. Según estos acuerdos, el gobierno se comprometía a admitir cuotas de inmigración laboral desde los países interesados, que por su parte se comprometían a facilitar la identificación y la readmisión de los extranjeros irregulares interceptados en aguas italianas.

El primero de estos acuerdos, firmado en 1997 con Albania, no sólo contribuyó a reducir los flujos desde este país sino también a una reorientación de las rutas. A finales de 2004 estaban ya casi completamente cerradas las rutas desde Turquía y Siria, así como la ruta del Canal de Suez (utilizada por los inmigrantes procedentes de Sri Lanka). Al mismo tiempo, cada vez más inmigrantes embarcados en África llegaban a Calabria y, sobre todo, a Sicilia. En 2006, 21.400 de los 22.016 clandestinos llegados por vía marítima fueron interceptados en las costas sicilianas, 18.096 de ellos en la Isla de Lampedusa. Los inmigrantes subsaharianos eran 5.644 de un total de 22.939 interceptados en 2005 y 5.454 de un total de 22.016 inmigrantes detectados en 2006. La reducida presencia de los inmigrantes subsaharianos en los flujos hacia Italia apuntaría al éxito de la externalización de los controles hacia Libia, cuyas autoridades afirmaron haber repatriado 43.000 inmigrantes irregulares en 2003.

Por el contrario, los datos sobre los ingresos clandestinos en 2005 y 2006 muestran una presencia considerable de egipcios y marroquíes entre los inmigrantes clandestinos. En 2005 los marroquíes clandestinos interceptados fueron 3.624 y los egipcios 10.288, mientras que en 2006 los marroquíes ascendían a 8.146 y los egipcios bajaban a 4.200. Al parecer, la ruta norteafricana, que se vale de la conexión entre Libia y la Isla de Lampedusa, sigue manteniéndose activa en el caso de la inmigración procedente de Marruecos, cuyo aumento en las rutas sicilianas se remonta al cierre del canal gibraltareño. Este punto de conexión entre las rutas “italianas” y las rutas “españolas” se explica por la estrategia española de externalización de los controles hacia Marruecos a través de un reforzamiento de la cooperación bilateral y del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). De hecho, a partir de 2004 hay que destacar un mayor empeño de Marruecos en la lucha contra la inmigración clandestina a través de la firma de acuerdos de readmisión con otros países africanos.

Una de las consecuencias principales de estos acuerdos ha sido, como en el caso italiano, una progresiva reducción de los flujos en el Estrecho y el cambio de las rutas. Entre 2004 y 2005 los flujos clandestinos ya no se dirigen hacia Cádiz sino hacia Ceuta, Melilla y Granada y, después de los tristes episodios en Melilla en 2005 y el aumento de la presión policial por parte de Marruecos, las Islas Canarias han adquirido mayor importancia para los traficantes. Esta ruta es utilizada principalmente por inmigrantes subsaharianos cuyos barcos zarpan generalmente desde Mauritania y Senegal, mientras que la inmigración marroquí, como hemos visto, se ha reorientado hacia la ruta de Libia. De hecho, si observamos la evolución de los extranjeros interceptados en el Estrecho, notamos que la disminución de los flujos en esta zona tiene lugar entre 2005 (7.066 inmigrantes de 11.781) y 2006 (4.329 inmigrantes de aproximadamente 31.000), coincidiendo con el período en el cual aumenta la presencia marroquí en las rutas italianas. Si hay bastante claridad sobre los mecanismos de las rutas, es todavía difícil aclarar la procedencia de los inmigrantes irregulares detectados. Sin embargo, todo apunta a una predominancia de inmigrantes procedentes de Malí entre los subsaharianos que llegan a España.

En total, desde 1999 hasta enero de 2006 han sido detectados alrededor de 131.000 inmigrantes procedentes de las rutas africanas en aguas y costas españolas. El año 2006 ha sido el año de mayor afluencia (con 31.000 inmigrantes detectados) y hay indicaciones que apuntan a una reducción de los flujos a finales del mismo año. A pesar de la atención mediática dada a este fenómeno y a sus desastrosas consecuencias humanitarias, su impacto numérico sigue siendo reducido si lo comparamos con los 3 millones de extranjeros regulares residentes en España y los 2,8 millones en Italia. De hecho, los inmigrantes africanos, a excepción de los marroquíes, no ocupan un lugar destacado en las estadísticas de ninguno de los dos países. En España tan solo los marroquíes pertenecen a los colectivos mayoritarios (575.460), mientras que hay sólo 30.177 senegaleses, 11.865 malienses y 16.768 gambianos residentes. En Italia, según los datos de finales de 2005, los marroquíes residentes eran 319.397, mientras que los senegaleses 57.101, seguidos por ghaneses (34.499) y nigerianos (34.310).

En el caso español encontramos un esquema parecido al caso italiano. La legislación española de inmigración ha estado durante mucho tiempo más centrada en la lucha contra la inmigración irregular que en la concepción de una política migratoria racional y adaptada a las exigencias del mercado. La importancia de las políticas de control respondía al mismo tiempo a intereses nacionales y exigencias comunitarias. Pero las políticas de inmigración inadecuadas a las necesidades de la economía en sectores como la agricultura, la construcción o el propio sector domestico han incrementado la irregularidad y la necesidad de cinco regularizaciones en 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005. La última de ellas ha alcanzado, con 578.375 permisos otorgados, cifras parecidas a la regularización italiana de 2002. Al igual que en Italia, todas las regularizaciones en España preveían la regularización de la residencia a través de la regularización de la situación laboral. Si comparamos, como ya hemos hecho en el caso italiano, los regularizados con los residentes regulares a finales de 2005 podemos afirmar que también en España buena parte de la población extranjera ha obtenido su permiso de residencia a través de una regularización. En total han sido regularizados en España hasta el año 2005 casi 1.200.000 extranjeros, la mayoría de ellos marroquíes y ecuatorianos, frente a una población extranjera no comunitaria de 2.169.648 extranjeros en la misma fecha.

Las regularizaciones llevadas a cabo en Italia y España muestran muchos parecidos en lo que se refiere al esquema de realización, a la periodicidad y a los resultados. En ambos países existe una cultura política favorable a este tipo de medidas y han sido favorecidas por la demanda de ocupaciones de baja cualificación, generalmente rechazadas por los autóctonos. Las regularizaciones en España y en Italia también han tenido problemas parecidos, entre ellos la insuficiente formalización de cada proceso, que ha producido soluciones “sobre la marcha”. Sin embargo, una comparación atenta de las regularizaciones en ambos países apunta también a diferencias en los flujos y a la estructura ocupacional de los inmigrantes regularizados. Si consideramos, por ejemplo, los resultados de las últimas dos grandes regularizaciones, en 2002 en Italia han sido principalmente regularizados inmigrantes rumanos (142.963), ucranianos (106.633) y albaneses (54.075), mientras que en la regularización en España de 2005 hubo una fuerte presencia de rumanos (100.128), ecuatorianos (127.925) y colombianos (50.417). El número de marroquíes regularizados en España (68.727) fue algo superior a los marroquíes regularizados en Italia (53.746), lo cual se explica por la antigüedad de este colectivo en ambos países. La presencia dominante de la inmigración latinoamericana en España se debe principalmente a razones históricas. Así, los ecuatorianos regularizados en Italia en 2002 son un número muy inferior (36.591) comparado con los 125.020 ecuatorianos regularizados en España. Sin embargo, el número de los peruanos regularizados en Italia es mayor (17.390) respecto a los 2.774 peruanos regularizados en España en 2005. Los inmigrantes de origen subsaharianos regularizados en España en 2005 han sido muy pocos comparados con los de otras nacionalidades, como rumanos o ecuatorianos: 6.214 desde Malí, 1.505 desde Mauritania y 7.043 desde Senegal. Lo mismo puede afirmarse para el caso italiano, donde en la regularización de 2002 los africanos de origen subsahariano han sido un grupo muy pequeño. Entre ellos destacamos 14.061 desde Senegal, 6.810 desde Nigeria, 3.872 desde Ghana y 2.183 desde la Costa de Marfil.

Una parte considerable de los inmigrantes regularizados trabaja en el sector servicios, sobre todo en el servicio doméstico. La demanda de inmigrantes en este sector corresponde a la necesidad de un servicio barato para compensar las lagunas en el cuidado de niños y ancianos de los programas de welfare en ambos países. Pero aunque el servicio doméstico represente un importante canal de inclusión, es también el primero que los inmigrantes abandonan en cuanto pueden acceder regularmente a otro tipo de actividad. Lo mismo puede afirmarse para la agricultura. Este sector representa un importante nicho para la inmigración irregular en el sur de Italia, así como en Andalucía y Murcia. Sin embargo, la mayoría de los empleados en la agricultura se trasladan hacia el norte de Italia o hacia Madrid y Barcelona en busca de mejores ocupaciones una vez obtenido los permisos de residencia y trabajo. Las mayores diferencias entre los dos países se presentan en los sectores de la industria y la construcción. En Italia la densa red de pequeñas y medianas empresas en el norte del país representa la “médula espinal” de la estructura productiva y es donde se ha regularizado la mayoría de inmigrantes. Por el contrario, el alto número de regularizados en el sector de la construcción en España se explica a través de la importancia de este sector para el crecimiento económico y ocupacional en los últimos años. Finalmente, las regularizaciones italianas permitían también solicitar el permiso como autónomo, una posibilidad no contemplada por las regularizaciones españolas. Sin embargo, el número de trabajadores por cuenta propia en Italia era de 169.860 en 2006, no muy diferente del número de trabajadores afiliados como autónomos en España (144.960 hasta el 31-12-2005). A pesar de las diferencias “formales” y las críticas de las que han sido repetidamente objeto, estas medidas características de los regímenes migratorios mediterráneos han permitido recuperar periódicamente el control sobre los flujos de inmigración irregular, así como transferir periódicamente mano de obra desde el sector informal al sector formal de la economía. De esta manera se ha podido resolver a posteriori aquella contradicción entre Estado y mercado que caracteriza las políticas migratorias europeas desde los años 70. Su importancia como mecanismo de regulación reside en haber transformado inmigrantes formalmente indeseados en trabajadores hasta cierto punto bienvenidos.

Mientras, la directiva del retorno también no se ha demostrado eficiente como política de control de la inmigración, pues los países de los emigrantes han rechazado algunas repatriaciones forzadas. En España, el 19 de septiembre de 2008, el Ministerio del Interior tuvo que dar la orden de regresar a un vuelo con 101 inmigrantes gambianos que iban a ser repatriados, pues las autoridades de su país no permitieron desembarcar a los inmigrantes del avión tras aterrizar en el aeropuerto de la capital de Gambia, Banjul (El País, 20-09-2008).

Más allá de la frontera, en la actualidad el debate debería centrarse en la integración de los inmigrantes y en el concepto contemporáneo de ciudadanía, sino en buscar opciones para mejorar la calidad de vida de los inmigrantes y minorías étnicas que se encuentran en los países desarrollados, teniendo por base lo respeto mutuo de sus diferencias y la riqueza cultural transportada. De hecho, la delimitación de la frontera entre derechos de los nacionales y derechos de los extranjeros está subordinada, desde el siglo XVIII, a dos acontecimientos: la ligazón entre el Estado, la nación y el pueblo, concretada en la idea de ciudadanía, y la difusión, desde la Revolución Francesa, de la creencia en la existencia de los derechos humanos, comunes la todas las personas e inalienables. Las cuestiones envueltas aquí son: cuál la diferencia entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano, frecuentemente citados cómo equivalentes en Europa, ¿y cuál la posibilidad de un extranjero adquirir los derechos de ciudadano? Obviamente, ésas dos cuestiones no se condensan al código de nacionalidad, ni a las leyes de inmigración.

Por supuesto, la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida es un proceso complejo y multifacético.  La expresión “integración” es usada, aquí, como el proceso de interacción, ajustamiento y adaptación recíproca entre inmigrantes y la sociedad de acogida, por el cual a lo largo del tiempo, los inmigrantes y la población de los territorios de llegada forman un todo integrado, proceso con grande diversidad de intervinientes: inmigrantes, gobiernos, instituciones y comunidades locales. Asimismo, las formas de inserción de los inmigrantes en las sociedades receptoras son procesos dinámicos, en permanente cambio, resultantes de influencias bastante diversas al nivel de la macro-estructura económica, social, política e institucional de los países de destino en el momento de la emigración y de las especificidades de los contextos locales de los territorios donde se fijan. De aquí resulta que las formas de incorporación de los inmigrantes en las sociedades de acogida son bastante más complejas y matizadas de lo que la simple oposición entre regímenes nacionales de asimilación y de multiculturalidad podría hacer creer. La intervención del sistema político local y de los prejuicios de la sociedad relativamente a los inmigrantes y minorías étnicas o religiosas son factores decisivos para una integración bien devenida. Sin embargo, sin aceptación de la sociedad de acogida, las políticas de integración pueden ser bloqueadas.

Así es que Estados Unidos, uno de los mayores receptores de inmigrantes en el mundo, alcanzando la cifra de más de 30 millones, sin contar los migrantes indocumentados (se calcula que existan aproximadamente 10 millones de inmigrantes con estatus clandestino en el país, siendo la mayoría latinoamericana y caribeña), posee una política de asimilación, fenómeno conocido como melting pot, y en general caben a los inmigrantes los trabajos pesados, peligrosos, desaseados e indeseables, con jornadas de trabajo sin límites.

La historia de las emigraciones internacionales, en ciudades americanas y europeas, ha demostrado diferencias substanciales en las actitudes y formas de acogida de la población autóctona, relativamente a inmigrantes provenientes de determinadas orígenes geográficos, o con características raciales, sociales o culturales particulares. Asimismo, mientras algunos son recibidos de brazos abiertos, otros pasan desapercibidos, y la llegada de otros es objetivo de fuerte negación por parte de la sociedad receptora. La coyuntura económica, en el momento de la llegada, sobre todo la estructura del mercado de trabajo, constituye también una condicionante importante de las estrategias de integración de los inmigrantes. Los resultados de dos prospecciones del Euro barómetro, efectuadas en 1997-2000, sobre las actitudes ante los grupos minoritarios en la Unión Europea, ejemplarizan las contradicciones que, por veces, existen entre el normativo legal y los comportamientos de la población. O sea, en el conjunto de la Unión Europea, varios indicadores apuntan en el sentido de la relevancia de comportamientos discriminatorios, individuales y colectivos, relativamente a los inmigrantes y minorías étnicas que ahí residen, a pesar del orden jurídico-político reconocer la igualdad de derechos económicos y sociales.

Así es que los ambientes que hostilizan los inmigrantes y las minorías étnicas tienden a dificultar la relación y a acentuar las diferencias con la población local, dando lugar a “formaciones reactivas” que les alejan de las normas de conducta social dominantes y originan conflictos inter-étnicos  frecuentes. Por eso, las políticas facilitadoras de la integración de la población inmigrada en los diferentes dominios de la vida en sociedad (económico, social, cultural y político) aportan positivamente para el desarrollo de sociedades más cohesionadas e inclusivas.

La influencia de los líderes de opinión y de medios de comunicación social tiene aquí un papel de grande relieve, en la medida en la que aportan para reforzar o aflojar las imágenes colectivas estereotipadas de algunas comunidades, dado que una grande parte de los habitantes de las regiones receptores revela un grande desconocimiento de la  dimensión y de los impactos de la inmigración en las sociedades de acogida. Los procesos generadores de marginación y exclusión social y espacial no son causados por características específicas de los individuos. Varían de lugar para lugar. Es por eso que las políticas urbanas y la participación activa de las organizaciones no gubernamentales en la vida de la ciudad, tienen un papel fundamental en la prevención de los mecanismos que acarrean a situaciones de exclusión, no solo de algunos grupos de inmigrantes y de minorías étnicas, pero también de otros grupos de riesgo. Importa también destacar el esfuerzo hecho en el sentido del reconocimiento del papel activo de las asociaciones de inmigrantes, en la formulación y ejecución de determinadas acciones políticas, bien como en el desarrollo de aparcerías interinstitucionales, con diferentes organismos públicos y privados, para concretar proyectos y medidas en múltiples dominios de la inserción de los inmigrantes.

En síntesis, es necesario disminuir el sentimiento anti extranjero y la desconfianza con relación a la formación de las nuevas comunidades y sus efectos sobre la soberanía de los países. Cuando se está en duda sobre su propia identidad, cualquier signo de extrañeza en la sociedad es percibido como una amenaza, y es esa “amenaza” que permite el resurgimiento de ideologías como el tradicionalismo. Sin embargo, curiosamente, los Estados más desarrollados, con pocas e insuficientes excepciones, aún no realizaran cambios significativos en la política de inmigración, con relación a lo que venía siendo hecho en los últimos años. Aparentemente, el “problema de la inmigración” en Europa, Estados Unidos e otros países desarrollados va a continuar sin solución mientras las ideas del Front Nacional, vinculadas al tradicionalismo, y del control de las fronteras permanecer domeñando el debate.

3. LOS OTROS EJES: LAS POLÍTICAS DE “BUENA” ACOGIDA y LOS PAÍSES DE SITUACIÓN MÁS PRECARIA

Con cuanto la mayor parte de los países de inmigración de Occidente practiquen una política de acogida ambigua, con frecuentes manifestaciones de desconfianza, incluso de discriminación, más volteada a la detención y repatriación de inmigrantes, o intenten integrar al inmigrante bajo contratos arbitrarios de recepción e integración, un pequeño grupo de países aplican explícitamente una política de acogida y de inmigración apoyada en un dispositivo reglamentario y humano, dirigido al establecimiento duradero o a la instalación definitiva de los recién llegados: Australia, Canadá y Suecia (y también Israel, en menor grado, pues selecciona los inmigrantes sobre una base religiosa o cultural). Un país que tiene “boas” políticas de inmigración también es Portugal. Lo más completo informe sobre las políticas de acogida de inmigrantes en la Unión Europea (2007) coloca Portugal en según lugar entre los Estados-miembros, luego atrás de Suecia. Por otro lado, otro grupo de países, más al Sur (África, Asia, el Caribe o países del Golfo), exponen los inmigrantes a una situación aún más precaria do que la cual suelen encontrar los inmigrantes irregulares en los países centrales, que acentúa aún más la vulnerabilidad de los inmigrantes.

La posición de Portugal tiene en cuenta una evolución positiva ocurrida en los últimos años, con varios “debates y actividades legislativas sobre las migraciones y la integración”, y el facto de Portugal haber creado un cuadro jurídico “compuesto por políticas favorables y por las mejores prácticas”. De la responsabilidad del Migration Policy Group, una organización independiente – con sede en Bruselas –, en aparcería con el British Council, el estudio destaca los buenos resultados que Portugal logró en el ámbito de un cuadro europeo mediocre relativamente la esta materia. De hecho, entre todos los miembros de la Unión Europea, apenas las políticas de Suecia lograron, en el general, resultados suficientemente altos para poder ser considerados “favorables” para la promoción de la integración, se lee en las conclusiones del estudio, financiado por la Comisión Europea.

En el caso de Portugal, el área más elogiada y puntuada es la del “acceso al mercado de trabajo”, donde el país integra ya las mejores prácticas respeto a la seguridad en la colocación y a los derechos de los trabajadores. A través de un sistema de puntuación con más de 140 indicadores, que evalúan seis áreas de integración, en este tópico Portugal es posicionado en según lugar (a par de España), el mismo escore que consigue en la evaluación de las medidas antidiscriminación. A pesar de esta ser una tema recurrente de críticas por parte de las asociaciones de inmigrantes (que invocan la falta de resultados en el castigo de actos racistas y xenófobos), los investigadores no se detuvieron en el éxito de las medidas, concluyendo que Portugal es un ejemplo tanto en la creación de definiciones y conceptos como en las áreas de aplicación de políticas antidiscriminación. Se sigue la reagrupación familiar, que se volvió más simple y ancha del punto de vista legal, con la nueva ley de la inmigración. Actualmente, cualquiera inmigrante con una autorización de residencia válida por un año podrá requerir la venida de sus familiares para junto de él, teniendo ellos menos de 18 años, siendo mayores de edad o dependientes en línea ascendiente.

Los peores resultados de Portugal surgen en las áreas también consideradas más negativas en el conjunto. Son ellas la residencia de larga duración (en que permanecen resistencias a varios niveles); la participación política (derecho de voto sujeto la reciprocidad con país de origen - en Portugal pueden votar en las autárquicas apenas extranjeros de países con acuerdos de reciprocidad); y la adquisición de la nacionalidad (necesidad de probar ligazón efectiva a la comunidad nacional). En Portugal, hoy, 85,9 por ciento de los portugueses defienden medida proactivas para integrar etnias diversas en el mercado de trabajo. Este resultado coloca-os entre los que más apoyan esta política en la Unión Europea.

Suecia lidera el ranking de países con mejores políticas de integración de migrantes, con mejores políticas de integración de migrantes, especialmente, en lo que dice respeto al acceso al mercado de trabajo, a la reagrupación familiar, a la residencia de larga duración, a la participación política, a la adquisición de nacionalidad y a las políticas antidiscriminatorias. Así es que, en cuanto en la Unión Europea los extranjeros suelen ser reducidos a simples elementos de la producción, habiendo aún muy prejuicio contra determinados grupos étnicos y religiosos de inmigrantes, quiénes son, muchas veces, estereotipados y culpables por los “males de la sociedad”, Suecia está entre un de los pocos países que adoptaron políticas de multiculturalismo. En general, las políticas de inmigración adoptadas por la mayoría de los países occidentales desarrollados se restringen al control de fronteras y a lo mantenimiento de homogeneidad nacional y cultural. Con relación a Alemania, uno de los mayores problemas se refiere al reconocimiento de la ciudadanía por jus sanguinis, basada en la descendencia alemana, excluyendo tal derecho a una grande gama de la población que nació en el país pero posee ascendencia inmigrante. Holanda, por su vez, posee un grande foco de tensión con la población inmigrante musulmana. Inglaterra posee mayores problemas con la extensión de las políticas de bienestar social para los inmigrantes, una vez que es uno de los más significantes destinos de inmigrantes del mundo.

En Canadá también se produjo un incremento constante de entradas, incluso provenientes de Asia, África y Latinoamérica. Según país de la Tierra en extensión territorial, y uno de los que alcanzaron más alta calidad de vida, Canadá (cuyo nombre proviene del iroqués kanata, que significa aldea o pueblo), debido a sus  condiciones naturales de clima, solo y relieve, es deshabitado en la mayor parte de su territorio, de lo cual solo la mitad, aproximadamente, tuvo sus reservas y recursos explorados. Las principales características de la población canadiense son su diversidad étnica (como toda nación joven, su población es fruto de sucesivas inmigraciones) y suya baja densidad.

Durante el siglo XIX, la inmigración europea convirtió Canadá en país multicultural. Desde el final del siglo XIX la carencia de mano de obra llevó al gobierno a favorecer la inmigración, solo interrumpida durante las guerras mundiales y la crisis de 1929. Los inmigrantes son de procedencia muy distinta: durante la mitad del siglo XX, fueron en la mayoría escandinavos y de Europa central, pero después la segunda guerra mundial pasaron a venir sobretodo del Sur de Europa, principalmente Portugal, Italia y Grecia. En la década 1983-93 ingresaron 1,8 millones de inmigrantes, entre el primer y el último año el porcentaje de asiáticos pasó de 38% a 51%, mientras que el de europeos descendió desde 27% hasta 18%. Los planes gubernamentales a inicios de los 90 propician más entradas, especialmente de personal cualificado.

La variada inmigración explica la presencia de cerca de sesenta grupos étnicos, de forma que casi una tercia parte de la población canadiense no es de origen ni francesa, ni británica. El censo de 1991 indicaba que el 16,1% de la población es inmigrante, en su mayoría procedente de Europa (54%) y Asia (25%) y en menor medida de América (16%) y África (4%). Canadá acogió 429.649 extranjeros en 2007, “un número recuerde”, anunciado por el Ministerio Canadiense de la Inmigración (La Presse, 15-3-2008).

            Oceanía también es un grande atractivo para inmigrantes de varias partes del mundo, en busca de mejores oportunidades de vida. Además, su historia cuenta con la necesidad de inmigrantes para habitar el país. Australia se constituye en un país de oportunidades singulares, pues allende tener un mercado de trabajo amplio, apoya la inmigración, considerando los flujos de migrantes un elemento enriquecedor de su país. Como Canadá y Suecia, Australia adoptó políticas de multiculturalismo en 1973. Durante los años 1976-85 si reinician las entradas importantes, debido al levantamiento de las restricciones existentes para la entrada de no-blancos. De esta forma llegan refugiados vietnamitas y libaneses, trabajadores del sudeste asiático y del subcontinente indio. Entre 1984-1994 entraron 1,1 millones de inmigrantes permanentes, el 38% (unas 420.000 personas) procedían de ocho países del sudeste asiático y de la India. Según el censo de 1991 el 22,3% de la población es extranjera, su composición muestra aún el predominio de los europeos (61%) sobre asiáticos (22%), neozelandeses (7%), americanos (4%) y africanos (3,5%). Otro factor positivo en la sociedad es su recepción a refugiados, principalmente venidos de la Indonesia, como por ejemplo, del Timor Este después de su independencia. Sin embargo, es importante destacar que las políticas de emigraciones se concentran primordialmente a trabajadores calificados, teniendo la  educación un papel primordial en su selección. Nueva Zelandia, por su vez, a pesar de no adoptar el multiculturalismo en su políticas, tiene políticas bien análogas a Australia en relación al apoyo a la diversidad cultural de sus inmigrantes, y viene volviéndose un grande centro atractivo de destino de inmigrantes.

La crisis económica que comenzó a finales de 1997 en Australia está teniendo, sin embargo, como consecuencia la deportación masiva de inmigrantes ilegales indonesios, previamente recluidos en campos de reclusión (el gobierno prevé expulsar a unas 10.000 personas por mes). Paralelamente la crisis generó un caos social en Indonesia, producto del cual se produjo el éxodo de buena parte de la población extranjera (salieron 32.000 de 48.000 residentes), pero también salidas irregulares hacia países vecinos como Malasia. Hoy, Australia mantiene leyes de inmigración extremadamente restrictivas.

Por último, salvo pocas excepciones, la situación de los inmigrantes en los principales países de acogida del Sur (África, Asia, el Caribe o países del Golfo) es aún más precaria que en los países centrales en cuanto a su estatuto, dependencia total respecto del empleador, sometimiento a la arbitrariedad de las autoridades y falta de procedimientos de recurso, en los peores escenarios posibles.

Por ejemplo, la esclavitud en algunas regiones de África tiene cientos de años. Hasta el inicio del siglo XX, Sudan  fue el participante más activo en el tráfico de esclavos en la región. Durante siglos los sudaneses asentados al Norte del país, allende traficantes extranjeros, principalmente turcos o egipcios, capturaron habitantes de pequeñas aldeas localizadas a los márgenes de Rio Nilo, llevando-os  al trabajo esclavo, en el ámbito doméstico o en los campos. El rapto y el tráfico de niños entre diferentes tribus sudanesas eran habitualmente practicados hasta el inicio de la segunda década del siglo XX. El tráfico ostensivo de esclavos solo fue eliminado, en Sudan, en 1956, cuando el país logró su independencia política. Sin embargo, en la región de Bahr-al-Ghazal, en el Sudoeste del país, la esclavitud aún es una práctica constante. Dos severas guerras civiles y constantes corrientes migratorias dieron lugar a la práctica corriente de pillajes, saqueos y raptos, estimulada por cuestiones económicas, sociales y culturales, sobre todo étnicas y religiosas. En Benín, el hambre aboca al tráfico de niños. Los niños van desde Benín hacia las plantaciones de cacao de Costa de Marfil o a las canteras de arena de Nigeria, incluso bajo castigos físicos. Tres niños suelen ser comprados en Benín por unos 50 euros, poco más de 16,50 cada vida (El País, 21-09-2008).

En el Golfo Pérsico, la mano de obra de los inmigrantes es cuasi esclava. Cuando un empleador busca un obrero, una de las múltiples agencias especializadas que tienen representantes en los países de emigración se ocupan del asunto a cambio de una comisión: seleccionar a los candidatos, obtener la firma del contrato de trabajo cuyos términos se han establecido con el futuro patrón, reunir todos los documentos necesarios en el país de partida como de acogida, organizar el viaje, etc. Como el futuro empleador ha anticipado los fondos necesarios para cubrir todos los gastos de traslado del inmigrante, desea estar totalmente seguro de recuperar su inversión. En vista de ello, las más de las veces el nuevo empleado entrega su pasaporte al empleador en cuanto llega. De hecho, ya no puede regresar a su país antes de la expiración del contrato, ni puede ser contratado legalmente por otra persona que le proponga, por ejemplo, mejores condiciones de trabajo.

4. A título de conclusión

El creciente flujo de inmigrantes ha lanzado una serie de desafíos para los Estados, incluso en cuanto a la inmigración ilegal, a la forma de integración de los inmigrantes a las sociedades nacionales y a la provisión de derechos y garantías individuales, políticas y sociales. Sin embargo, por otro lado, los inmigrantes enfrentan el desafío de integrarse a una sociedad que muchas veces reacciona con sospecha y hostilidad a su llegada. Por no ser ciudadanos nacionales, gozan de menos derechos que la población nativa, siendo frecuentemente explorados y discriminados, incluso en la esfera laboral: las exclusiones o preferencias según el tipo de empleo que pueden o no pueden ocupar, desigualdad salaria, prohibición del ejercicio de actividades sindicales y muchas veces los criterios aplicados a los nacionales y a los inmigrantes son diferentes en lo que se refiere a la seguridad de la colocación. En cuanto a los irregulares, frecuentemente son detenidos y deportados en condiciones que violan las normas de derechos humanos.

Así es que la afirmación de que la inmigración constituye, en el siglo XXI, la frontera de los derechos humanos invita a la reflexión, y a nosotros sugiere dos ideas: la primera, de que la inmigración está poniendo a prueba la capacidad del mundo para universalizar los derechos humanos; la segunda, de que la inmigración está desvelando el doble rasero con el que actúan los países más desarrollados, incluso en Europa, generosos cuando se trata de plasmar declaraciones supranacionales, mezquinos a la hora de hacer efectivos desde el propio país dichos derechos. De hecho, con pocas excepciones, en los países más desarrollados – así ocurre en la mayor parte de los países de inmigración de Occidente, incluso entre los grandes países de acogida en Europa, tras su pasado de emigraciones –, la política de inmigración está siendo construida de cima para bajo y tiende a funcionar bajo políticas represivas y excluyentes, con prácticas que priorizan el control de fronteras. Sin embargo, en eses países, con cuanto disfrute de cierta protección social y jurídica, el extranjero admitido legalmente suele ser acogido “con los brazos cerrados”, lo que resulta en una integración incompleta, de mala calidad, y la situación de los extranjeros irregulares es muy problemática.

Con cuanto la mayor parte de los países de inmigración de Occidente practiquen una política de acogida ambigua, con frecuentes manifestaciones de desconfianza, incluso de discriminación, más volteada a la detención y repatriación de inmigrantes, o intenten integrar al inmigrante bajo contratos arbitrarios de recepción e integración, un pequeño grupo de países aplican explícitamente una política de acogida y de inmigración apoyada en un dispositivo reglamentario y humano, dirigido al establecimiento duradero o a la instalación definitiva de los recién llegados: Australia, Canadá y Suecia (y también Israel, en menor grado, pues selecciona los inmigrantes sobre una base religiosa o cultural). Un país que tiene “boas” políticas de inmigración también es Portugal. Lo más completo informe sobre las políticas de acogida de inmigrantes en la Unión Europea (2007) coloca Portugal en según lugar entre los Estados-miembros, luego atrás de Suecia. Por otro lado, otro grupo de países, más al Sur (África, Asia, el Caribe o países del Golfo), exponen los inmigrantes a una situación aún más precaria do que la cual suelen encontrar los inmigrantes irregulares en los países centrales, que acentúa aún más la vulnerabilidad de los inmigrantes.

Sería imposible intentar exponer en estas breves líneas los problemas y políticas migratorias referentes a los principales países de acogida. Pero es posible investigar algunas orientaciones de las políticas de inmigración que adoptan diferentes bloques (al menos los tres a los que nos referimos), recordando que ésta es apenas un análisis general, y que ni todos países de estos bloques poseen la misma perspectiva con relación a la cuestión de violación de los derechos de los migrantes.

Sin embargo, en la actualidad el debate debería centrarse en la integración de los inmigrantes y en el concepto contemporáneo de ciudadanía, sino en buscar opciones para mejorar la calidad de vida de los inmigrantes y minorías étnicas que se encuentran en los países desarrollados, teniendo por base lo respeto mutuo de sus diferencias y la riqueza cultural transportada. Las cuestiones envueltas aquí son: cuál la diferencia entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano, frecuentemente citados cómo equivalentes en Europa, ¿y cuál la posibilidad de un extranjero adquirir los derechos de ciudadano? Obviamente, ésas dos cuestiones no se condensan al código de nacionalidad, ni a las leyes de inmigración.

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* Juez-Magistrado del Trabajo en São Paulo, Brasil.

E-mail: rgschwarz@gmail.com