Derecho & Cambio Social
(La Reforma Judicial y sus
protagonistas)
Sergio Salas Villalobos (*)
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Justicia y Democracia: Orden constitucional. Existen en las sociedades modernas adaptadas al modelo constitucional, dos principios básicos é indesligables: Justicia y Democracia. Los regímenes constitucionales sólo son viables en las sociedades en donde se practica el sistema democrático como forma de comportamiento de los ciudadanos; vale decir, que todos los componentes de una sociedad aceptan reglas y normas mínimas de conductas sociales para cohabitar armónicamente y en búsqueda de la paz social. Por ello, en los regímenes en los que existe otro tipo de sistema político social de gobierno, como el totalitarismo, imperialismo, dictaduras, etc., no rigen las constituciones como tales, sino los llamados estatutos de estado. Ahora bien, en tales sociedades democráticas sujetas a regímenes constitucionales, se requiere del otro principio básico (Justicia) para su sostenimiento. La Justicia equivale al punto medio que debidamente aplicada, ayudará a obtener el equilibrio en la aplicación de aquellas reglas y normas mínimas de conductas sociales contenidas en la Constitución; y obviamente, para el equilibrio de los poderes del Estado, para evitar precisamente, el abuso del poder político é impedir el cambio de la estructura político social democrática, que derive en cualquiera otra apartada del régimen constitucional. En consecuencia, es deber de los componentes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), definir, identificar, aplicar y ejecutar políticas nacionales como tema de estado en materia de justicia, pero sobre todo establecer los roles de cada uno y sus responsabilidades, de manera que ninguno de ellos invada los terrenos y prerrogativas de otro; esto es, que responsablemente se respete el principio de Independencia de poderes; ello, graduará el nivel de capacidad política de tales componentes. Bajo este esquema, corresponde determinar qué se debe hacer en el Perú, para consolidar en primer lugar la justicia como valor, y luego como Poder del Estado, para a partir de ello mejorar su organización a través de una Reforma Judicial. Reforma Judicial: Política de Estado En más de una oportunidad se ha expuesto que las dos grandes corrientes de economía política son la impositiva y la de seguridad jurídica para la inversión. La primera, grava la riqueza a través de los impuestos, pero sólo da resultados concretos en países con sólida economía sin recesión y con índices altos en inversión privada. La segunda, por el contrario, se aplica en los países que carecen de los anteriores componentes y en donde es necesario reforzar el sistema de justicia y las organizaciones judiciales, para generar seguridad jurídica que atraiga la inversión privada. Son índices de seguridad jurídica: eficiente organización, predictibilidad a través de la razonabilidad de las resoluciones judiciales, reducción de tiempos en el servicio, adecuada distribución y administración de la carga procesal, etc. En buena cuenta, la reforma judicial en un país, solo será viable si se asume el tema de la Justicia, como prioridad en temas de Estado. Es cierto que existen otros rubros de mucha importancia, como la salud, educación y seguridad ciudadana; pero ahí es donde se ve la habilidad de los gobernantes para saber liderar a su sociedad mediante programas de apoyo en tanto se atiende el de mayor prioridad; que a la larga beneficiará a aquellos. Se requiere pues, que el Estado llame la atención a la sociedad y a la comunidad internacional, que en el Perú, se priorizará a la Justicia como política de Estado, y que los tres Poderes del Estado y la comunidad en general, deberán asumir responsablemente su papel en este programa nacional. Protagonistas. La labor del propio Poder Judicial, pasa por la identificación de los elementos básicos para desarrollar una adecuada política institucional, la que contenga una doctrina ideológica propia que traduzca la función constitucional del Poder Judicial en beneficio de la sociedad. Así mismo, la identificación de sus componentes para comprometerse con el cambio. El cambio, más que implicar una corriente renovadora, es una necesidad. Por ello, quienes prefieran una corriente tradicional, deberán saber adaptarse a esta transformación, bajo el riesgo de ser absorbidos por ella y quedar inerte en el sistema. Se necesita una política institucional de apertura a los requerimientos sociales, para finalmente desarrollar una adecuada justicia democrática. Los otros Poderes del Estado, asumir su función de proveedores de herramientas legales y ejecutivas para la modernización de los códigos procesales y leyes que sean más razonables en búsqueda de la armonía; lo que incluye acciones concretas para contrarrestar la inseguridad ciudadana, desorden social, inversión en infraestructura, etc. Por último, la sociedad civil, deberá saber como identificar sus propias necesidades en el rubro de justicia con voceros que no solo aporten a la crítica y a los diagnósticos, sino a soluciones concretas con productos ya elaborados pero de comprobada efectividad. El CERIAJUS, no ha sido precisamente el escenario más idóneo para ello, por cuanto más que exigencias legales para formulación de enésimos diagnósticos, se requieren de soluciones concretas. Hubiera sido más adecuado invertir lo gastados en el funcionamiento del CERIAJUS, en temas de inmediata acción, como por ejemplo renovación de equipos ó actualización del proyecto de desconcentración de la carga judicial a través de los Circuitos Judiciales, por ejemplo. La labor no es fácil, pero solo dependerá del grado de habilidad como se desempeñen los protagonistas de la reforma para que esta sea viable, pero hasta ahora no se ve mayor coordinación, a pesar que desde la propia institución, sí se desarrollan avances importantes para el diseño interno. Solo falta que se involucren los demás protagonistas, para que de manera responsable, respeten los principios de autonomía é independencia. Lo contrario sería que esta sociedad sería cualquier cosa, menos constitucional y democrática.
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