Derecho y Cambio Social
EL MINISTERIO PÚBLICO PERUANO DEBERÍA DE CONTAR CON SU PROPIA POLICÍA CRIMINAL DE INVESTIGACIÓN
Jorge Alberto García Terrazos *
Con el Código Procesal Penal Peruano (CPP), el Fiscal asume la dirección de la investigación penal, teniendo como colaborador más importante a la policía; es así que se ha determinado que una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú se encargue de coordinar sus acciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sucede que la investigación policial, en muchos casos, es objeto de anormalidades, pues, vemos que en la práctica, la policía tiene un control casi absoluto de la investigación del delito, manejando de hecho el destino de ésta. Esto ha conllevado a que si bien la regla general es la detención judicial y, sólo como excepción puede hacerlo la policía, la realidad no demuestra lo contrario: la detención es la norma y no la regla, lo que ha ocasionado un desconocimiento de los Derechos Humanos de modo sistemático. Así, es la instancia policial la primera en determinar quiénes ingresarán al sistema penal y quiénes no; pues, producido un delito, el Fiscal casi nunca está presente en dicha diligencia, y solamente se remite a rubricar, lo que conlleva en muchos casos a la alternación de las pruebas por parte de la policía, o habiendo participado el Fiscal, éste lo hace sin tener conocimiento científico necesario sobre la materia. De esta manera, lo actuado por la Policía a nivel Pre-Judicial y materializado en el atestado policial, en determinados casos, es tenido por cierto en los niveles fiscal y judicial. Y al formalizar la denuncia y abrir la instrucción respectiva, dicho atestado es considerado como un elemento suficiente, llegando a veces a tener preeminencia, sobre lo actuado ante el Juez y la Sala Penal.
El deterioro de la credibilidad en la investigación policial es funesto para el fortalecimiento de nuestra Policía Nacional. A tal punto que actualmente, la población espera poco del cabal cumplimiento de su rol. E incluso teme que proceda en forma contraria a su función.
Creemos, que las irregularidades en la investigación policial se reduciría notablemente, si se crea una institución policial que dependa directamente del Ministerio Público, es decir, forme parte de ella, con un efectivo control en su dirección, organización, designación y funcionamiento; donde la Fiscal de la Nación tenga la jefatura de esta policía, a su vez, nombraría al Jefe de este órgano policial, a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. Así, la función prioritaria y principal de dicha policía sería investigar, denunciar y combatir el crimen organizado y otros hechos conexos en los delitos comunes, conforme tenga conocimiento de su comisión; para lo cual, contaría con su propio Laboratorio Técnico, colaboración permanente de peritos; y una Escuela donde tendrá una formación especializada. Además, cuando el personal de esta policía especial haya incurrido en delitos de función, serían sometidos al Fuero Común.
La institucionalización de la Policía Criminal, a cargo del Ministerio Público, conllevaría a que, a nivel Lima y Provincias, por ejemplo, las fiscalías estén distribuidas en todos sus distritos; a su vez, el Fiscal contaría con el apoyo de sus Fiscales Adjuntos, que serían en número como tantas delegaciones policiales haya en cada distrito, trabajando por turnos las 24 horas del día, en el distrito que corresponde.
